Cientos de propietarios en Galicia están expectantes ante el fallo del Tribunal Supremo que abre la vía a anular el veto de la Xunta al alquiler de pisos turísticos por habitaciones. Ante la sentencia que plantea la inconstitucionalidad del precepto por vulnerar la libertad de empresa que garantiza la Constitución, los dueños de viviendas de uso turístico reclaman al Gobierno gallego que rectifique y avale un modelo de arrendamiento que recogen los decretos de otras comunidades, como es el caso de Asturias o Andalucía y también de Castilla y León tras estimar el Tribunal Superior un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV).

Por su parte, la Consellería de Turismo defiende el decreto de 2017 que regula el sector por asegurar "calidad", "sustentabilidad" y "garantías tanto para usuarios como población local". No obstante, Galicia defiende con otras comunidades la necesidad de una "armonización de normativas" para evitar "tanta disparidad de criterios" por toda la geografía española, según apuntan desde el departamento que dirige Román Rodríguez, al tiempo que cuestionan que se "regule en base a continuos recursos y sentencias".

"La marabunta judicial no hace más que confundir a los afectados", coincide la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, quien en las últimas horas ha recibido decenas de llamadas de propietarios preocupados por cómo queda la regulación del arrendamiento por habitaciones. El sector advierte de que es un "error" no regular todo tipo de alojamientos turísticos porque solo así se podrán conocer los datos reales de camas disponibles y su ocupación y, en consecuencia, "establecer estrategias" en base a esa oferta y a la demanda. De lo contrario, con estos "continuos tumbos" en los juzgados, cuestionan desde Aviturga, solo se genera "indefensión" a quienes alquilan pisos turísticos por habitaciones e "incomodidad" a quienes demandan este tipo de alojamiento.

La sentencia del Supremo del pasado mes de diciembre efectivamente no anula el veto de la Xunta al alquiler de viviendas turísticas por habitaciones. Pero no lo hace, según detalla el auto, porque no es competente para invalidar la norma gallega ya que está amparada por ley, en concreto por la Ley 7/2011 de Turismo. Por tanto, es el Tribunal Constitucional el que, en caso de que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia dedica plantear un recurso, deberá resolver sobre la regulación de los arrendamientos turísticos por habitaciones. A la Xunta, por el momento, no les consta que las partes hayan planteado un recurso de inconstitucionalidad.

Desde que hace un mes el Supremo se pronunció, decenas de propietarios que anuncian el alquiler de sus habitaciones para turistas ya han sido sancionados. "Se está coartando una actividad que debe ser regulada", urge la presidenta de Aviturga. "Desde el punto de vista legal, no tienen amparo. Esto genera indefensión de los propietarios y se reduce una modalidad que resulta atractiva para cada vez más turistas", destaca Aguín: "No puede haber ninguna figura alojativa que no esté regulada, se trata de regular y dar transparencia al sector".

Según el Supremo, el precepto de la norma autonómica va contra la legislación europea y la libertad de la empresa que garantiza la Constitución. Por ello, abre la puerta a declarar la inconstitucionalidad del veto de la Xunta al arrendamiento por habitaciones en plataformas dirigidas a turistas y, por esta razón, ha abierto un plazo para "oír a las partes" con el fin de plantear la cuestión prejudicial "ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por resultar el citado precepto contrario al derecho comunitario", concretamente a una directiva del Parlamento y del Consejo Europeo sobre la libre prestación de servicios.

En la agenda de los propietarios de pisos turísticos ya hay marcada una reunión el próximo mes de febrero con responsables de la Axencia Galega de Turismo. En ese encuentro, según avanzan, entre otros asuntos estará esta sentencia del Supremo.