El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico alerta de que de las 394 empresas que cuentan con concesiones afectadas por la Ley de Costas que podrían acogerse a la prórroga extraordinaria de su actividad, 135 no han realizado este trámite en el plazo marcado, por lo que han perdido ya este derecho a la renovación extraordinaria, aunque eso no les exime de poder solicitar un nuevo permiso para seguir con su actividad, siempre y cuando sea compatible con la actual normativa de Costas.

Solo 85 de estas 394 concesiones han formalizado su solicitud para prorrogar su actividad, de ellas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha otorgado ya 33. Tres concesionarias desistieron de seguir con el procedimiento y 49 están todavía pendientes de resolver. De ellas, quince se dedican a los cultivos marinos.

De las 33 que cuentan ya con la renovación de la concesión, siete tienen usos para los que no sería necesario que estuviesen ubicadas en el Dominio Público Marítimo Terrestre, es decir, que podrían realizar su actividad fuera de este ámbito, ya que ninguna de ellas se dedica a los cultivos marinos.

Otras tres, según fuentes del ministerio, han excedido ya los 75 años de funcionamiento, de modo que solo diez de las concedidas ya tienen algún tipo de problema según la legislación vigente. A falta de que se resuelvan las 49 restantes, treinta no cuentan con adversidades aparentes para la renovación y 19 presentan "problemas de usos o plazos". El Ministerio para la Transición Ecológica apunta a que, en cumplimiento de un informe de la Abogacía del Estado, se inició la reforma del reglamento de 2014.

Este procedimiento se empezó en abril y, tras el proceso de información pública, en el que se recibieron más de mil alegaciones, se paralizó la tramitación ya que, entonces, el Gobierno del PSOE estaba en funciones.

Actualmente, todavía no se ha retomado esta modificación de la Ley de Costas, aunque es uno de los puntos del acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos sobre el que se sostiene el Gobierno de coalición. "Actualizaremos la Ley de Costas ante la amenaza real que supone el cambio climático, para aumentar la protección y evitar que continúe la actual destrucción de ecosistemas costeros", reza el acuerdo.