Nueve años después de que la jueza Pilar de Lara comenzase a investigar una trama de fraude en subvenciones y amaños en contrataciones, no solo en Galicia sino también en Asturias, Cantabria, Cataluña o Baleares, la operación Pokemon continúa dando tumbos en los juzgados. La todavía instructora de la causa, sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la pérdida del destino por irregularidades en sus investigaciones, rechaza la petición de la Fiscalía de Lugo de desgajar las pesquisas alrededor del grupo Vendex en un total de 32 piezas: diez casos en el Concello de A Coruña, ocho en Santiago, siete en Ourense y uno en Ferrol, Lugo, Arteixo, Sada, Ordes, Carballiño y Marín. De Lara basa su decisión en el hecho de que "si bien con distintas variantes, el método utilizado en todos los ayuntamientos es exactamente el mismo: acercamiento y aproximación a determinadas autoridades y funcionarios hasta captarlos para los intereses del grupo empresarial, consecución de información privilegiada y elaboración de pliegos a la carta, todo ello dirigido a la obtención de contratos", argumenta.

La instructora de la causa entiende, por ello, que "no pueden separarse por 'tramas" las pesquisas, tal y como proponía el fiscal, procedente de A Coruña y que lleva dos meses en Lugo. "La retirada de multas, la entrega de regalos o la contratación de trabajadores no son, sino, la otra cara de la moneda del delito de cohecho que se investiga", alude la jueza, quien señala en su escrito que la "conexidad subjetiva la ofrece el grupo Vendex, alrededor del cual gira toda la trama".

Para De Lara, "no cabe ninguna duda acerca de la pertinencia" de tramitar, conjuntamente, los hechos investigados. "Es y ha sido absolutamente necesario para comprender, en su conjunto, el modus operandi, y para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades procedentes", continúa la instructora, quien considera que despiezar el procedimiento "supondría abocar a la impunidad el delito de asociación ilícita" que se instruye, y que sería "absolutamente perjudicial" para los investigados, "sometidos a una pluralidad de enjuiciamientos". Además, entiende que, finalizada la instrucción, la tramitación conexa de los hechos "no supone ya ninguna complejidad", y que tampoco "ha de dilatar el proceso", algo que "podría suceder en caso de remitir las causas a diferentes órganos judiciales".

En el Concello de A Coruña, la Fiscalía proponía derivar a los juzgados de la ciudad un total de diez piezas de la Pokemon, entre ellas, la investigación sobre los regalos de Vendex a funcionarios y autoridades del Ayuntamiento, los concursos del Aquarium, del Ágora, o del Muncyt o los contratos de IMCE. En Arteixo, la separación de piezas afectaría a la investigación sobre el uso de información privilegiada; y en Sada, a concursos de alumbrado, ayuda en el hogar y limpieza de locales del Concello,