El Ministerio de Hacienda no ha ofrecido ninguna alternativa a las comunidades autónomas tras el impago de los 2.500 millones del IVA de 2017 (200 de ellos a Galicia) y se enfrenta a un reguero de denuncias en los tribunales por parte de los gobiernos autonómicos del PP, pero también de al menos dos socialistas, Castilla-La Mancha y Aragón, dispuestos a presentar la denuncia si no hay pago. El resto de comunidades socialistas apuestan más por la negociación que por un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque los ejecutivos de Baleares y de Asturias no descartan "ninguna vía". Ambos gobiernos entienden que esos fondos les "pertenecen", en palabras de la consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba, y que deben recibirlos de alguna manera, sea por vía administrativa o judicial.

La Generalitat Valenciana, La Rioja y Extremadura no hablan de momento de un recurso en los tribunales y confían en el diálogo.

Ante la negativa del Gobierno a hacer los abonos, las comunidades del PP van a seguir los pasos de Madrid, que recurrió el año pasado en la Audiencia Nacional para cobrar 377 millones del IVA de 2017. El recurso fue admitido a trámite y sigue su curso. Galicia, Andalucía y Murcia han acordado ya también llevar a los tribunales sus exigencias. Castilla y León de momento estudia el asunto.

Alberto Núñez Feijóo explicó el jueves el procedimiento, que arranca con el envío al Gobierno de un requerimiento previo para que responda en el plazo de un mes. "Si no lo hace o da una respuesta negativa, inmediatamente presentaremos un recurso contencioso administrativo, es decir, lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno", aseguró.

El impago ha levantado también a dos ejecutivos socialistas, que han ido subiendo el tono conforme han pasado las semanas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el más contundente y ha dado un plazo a Hacienda hasta el próximo martes para ofrecer una solución o su gobierno "dará instrucciones para que se establezca la denuncia".

A un paso de hacer lo mismo está el aragonés Javier Lambán. Asegura que él no ha encontrado "receptividad" „"si dijera que he visto receptividad, estaría edulcorando la situación"„, pero que aún espera una negativa "clara e irreversible" de Hacienda antes de recurrir a la Justicia. "No vamos a admitir que se nos escamotee el pago", dijo.

El dirigente aragonés ha asegurado también que las comunidades han mantenido contacto entre ellas, y que unas expresan una "remota confianza" y otras "menos remota" en que "esto se va a solucionar de una manera razonable".