Un año y medio después se volvió a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y sobre la mesa tuvo todo el protagonismo la deuda del Estado con las comunidades por el impago del IVA correspondiente a una mensualidad de 2017 que suponen 2.500 millones de euros. Los representantes autonómicos llegaron en pie de guerra exigiendo por encima de todo el abono de esa deuda, 200 millones en el caso gallego. La presión proviene de territorios tanto del PP como del PSOE, así que el Ministerio de Hacienda movió ficha y lo que hizo fue reafirmarse en que no va a pagar los 2.500 millones, pero a cambio, como medida de compensación, ofreció a las comunidades préstamos por igual cuantía a interés cero para aliviar posibles tensiones en las tesorerías regionales, además de comprometerse a relajar los objetivos de déficit de las autonomías, ofreciendo dos décimas más para este año, y a no tener en cuenta los efectos del impago del IVA a la hora de calcular el déficit de 2019. La propuesta no convenció en absoluto a las autonomías, que no quieren más endeudamiento, sino que se le pague la mensualidad del IVA.

Si lo que pretendía el Gobierno era apaciguar la rebelión de las administraciones autonómicas, la solución propuesta no consiguió su objetivo. Se mantienen, sino acentuadas, las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por negarse a abonar el IVA y persisten las advertencias y, en algunos casos decisiones ya tomadas formalmente „como el caso de Galicia„, de acudir a los tribunales para reclamar los 2.500 millones de euros. Porque lo que propuso Hacienda es, sencillamente, permitir a las comunidades incrementar el déficit o aceptar un dinero del Estado, equivalente a la deuda del IVA, que luego tendrán que devolver. Y todo esto sin que las arcas del Gobierno central se resientan porque serán las haciendas territoriales las que tengan que asumir las consecuencias a pesar de que la responsabilidad es de Madrid.

Las soluciones fueron anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta semana había avanzado que exploraría "medidas paliativas" para compensar el impago del IVA. Insistió en que expiró el plazo legal de dos años para su abono y que el problema proviene de una reforma del Gobierno de Rajoy y del voto en contra del PP a los presupuestos del Estado de 2019 en el que se iba a dar solución al desajuste.

Ahora, el ministerio ofrece que ese impago lo puedan cubrir mediante un préstamo a interés cero con el dinero que saldrá de un Fondo de Liquidación Autonómica extra que el Gobierno facilitará a las comunidades y con el que podrán pagar a los proveedores.

A ello se suma una nueva senda de estabilidad financiera que será del 0,2% este año, del 0,1% en 2021 y de equilibrio en 2022. Esto supone para este ejercicio dos décimas de desfase presupuestario con respecto a la senda vigente aprobada por el PP en 2017. Los consejeros populares votaron en contra del nuevo escenario financiero.

Además, la parte imputable al impago del IVA no computará para calcular el déficit público autonómico de 2019, de forma que todas aquellas que quedan por debajo del 0,1% „como es el caso de Galicia„ están exentas de presentar programas financieros de ajuste por haber cumplido con los objetivos. No obstante, las comunidades no han dado una buena acogida a las medidas compensatorias de Hacienda al reclamar el pago y rechazar más endeudamiento, especialmente las regiones que ya presentan superávit. El rechazo ha sido mostrado por los consejeros de las autonomías del PP y por varias socialistas.