El estallido de la burbuja inmobiliaria desató una voraz competencia entre las empresas por hacerse con el cada vez más codiciado bocado de la tarta de obra pública. La guerra de precios por conseguir un contrato de la administración provocó rebajas que en algunos concursos alcanzaron el 40%, una oferta que no llega para cubrir costes. Pasados los años negros de la crisis, las constructoras que buscan un contrato de Xunta, Estado, concellos o diputaciones tienden a ajustar su presupuesto al coste real del proyecto. Pero todavía hay un 10% de concellos, según estimaciones de la patronal gallega del construcción, que contratan a empresas que no cubren costes con sus ofertas y, en consecuencia, "precarizan el empleo", según advierte el presidente de la Federación Gallega de la Construcción.

En la provincia de A Coruña, la situación es más alarmante, tal y como apunta Vázquez Reino, ya que entre un 30% y un 40% de los ayuntamientos adjudican proyectos a empresas que rompen el equilibro calidad-precio. "Los procedimientos que priman la baja, no controlan requisitos de calidad; eso no ocurre en ayuntamientos donde hay un gran volumen de inversión", destaca. No obstante, destaca que esto n se corregirá después de años de lucha desde el sector ya que la Diputación de A Coruña ha acordado modificar los pliegos de contratación. El pasado mes de diciembre, inició el cambio para evitar bajas acusadas que perjudiquen la calidad de las obras.

Con esta revisión, la corporación provincial se propone establecer las opciones más favorables "para la mejor ejecución de las obras haciendo una ponderación entre calidad y precio". "Tras años de lucha se cambiarán los criterios economicistas para controlar las bajas y así se desbloquearán 100 millones de fondos", celebra el también presidente Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña.