No resulta novedoso en el sector pesquero-marisquero que aquel o aquellos que se sienten agraviados por determinadas intervenciones o informaciones vean "premiada" su tarea con la agresión cobarde contra sus personas o bienes. El sábado fue el incendio de una embarcación de investigación pesquera, el domingo contra un vehículo de inspección marisquera. Pero la historia de este país, Galicia, está salpicada de incidentes entre furtivos y vigilantes. Incluso cuando son las propias mariscadoras las que intentan poner un poco de orden y sentido en la atención y cuidado de las explotaciones marisqueras y "pagan" personalmente su afán por conservar aquello de lo que viven con agresiones e insultos de los que optan claramente por un desequilibrio en el que ellos nada se juegan.

Desde los cantiles de las Sisargas, a la playa de Doniños, pasando por la ría de Noia-Muros, los arenales de A Pobra do Caramiñal, Boiro, Cabo de Cruz, Os Lombos do Ulla, etc., todos nos hemos hecho eco de las impensables reacciones de aquellos que creen obrar con justicia contra las normas impuestas o, simplemente, para reforzar estas en una especie de reedición de películas sobre la guerra de Vietnam mediante "pasadas" en helicóptero a muy baja altura sobre las mariscadoras de Cedeira que doblaban el espinazo para apañar unas almejas o unos berberechos con los que ganarse el sustento diario, mientras que para los furtivos-furtivos no se programaban acciones contundentes sabedores, tal vez, de cuál podría ser su reacción ante ese tipo de acción.

¿Quién se puede beneficiar de la quema en Boiro de un vehículo utilizado por los vigilantes de las concesiones marisqueras? ¿Quién, en otro lugar de España, puede lograr rendimientos quemando la embarcación que se utiliza para la investigación pesquera? Estoy seguro de que los colectivos afectados saben, y muy bien, quiénes son, sino los autores materiales de los hechos, sí lo inductores de tales respuestas desordenadas. Las mariscadoras saben también quién o quiénes las agreden de palabra y físicamente. Lo mismo acontece con los vigilantes de las cofradías de pescadores. Igualmente, en el sector de hostelería saben quiénes son los furtivos que les suministran a bajo precio pescado y marisco con los que ellos preparan platos que les proporcionan beneficios superiores a los que logran los pescadores y mariscadores profesionales. Pero unos y otros callan. O lo dicen con la condición de que no los menciones porque los clanes actúan y no se paran en barras a la hora de hacer daño.

Legislar no es fácil. Menos, todavía, cuando se conoce que enfrente hay presuntos damnificados que no atenderán a razones y seguirán haciendo lo posible para que las leyes no se cumplan. Pero la ley de la selva no puede prevalecer y las autoridades policiales y judiciales deben aplicar las medidas que les corresponden si queremos que la pesca y el marisqueo continúen teniendo carta de naturaleza en un país que ya ha perdido una buena parte de su identidad marinera.