La presión del rural ha forzado al Gobierno central a emprender reformas que garanticen la supervivencia del sector. Las manifestaciones de agricultores y ganaderos de todo el país, en Galicia la protesta del miércoles hizo mover ficha a la Xunta con la creación de un observatorio de precios específicos para los productos gallegos (leche, carne y vino), han llevado al Ministerio de Agricultura a agilizar la reforma de una ley que data de 2013 y que da más poder a los intermediarios, industria y distribución en la negociación de los contratos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, avanzó ayer que espera tener lista para este mismo mes la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. Será la primera modificación urgente, en la que se prevé incluir la prohibición de las ventas a pérdidas en el campo, y, posteriormente, se elaborará un proyecto de ley para adaptar más de 30 artículos a la directiva europea sobre los contratos que se suscriban en el sector agroganadero.

La reforma, según detalló Planas, dará mas poder de negociación a los agricultores y ganaderos frente a los intermediarios, la industria y la distribución, así como introducirá una referencia sobre los costes de producción en los contratos. De esta manera se pretende garantizar que los precios que perciben los agricultores y ganaderos por sus productos cubran los costes de producción. "Estamos trabajando contra reloj, me gustaría hacerlo antes de que concluya este mes", adelantó el ministro en una entrevista a Onda Cero. "Las cosas no son de un día para otro „continuó„ ni son fáciles; si dijese lo contrario estaría mintiendo, esto no es sencillo".

Ante las protestas del sector por toda la geografía española, Planas respaldó las movilizaciones porque han hecho que "en el debate público todo el mundo esté hablando de la agricultura y ganadería". Tras destacar que su departamento es el interlocutor con el sector, ya que el 80% de sus reivindicaciones son de su competencia, destacó la coordinación con otros ministerios. "El objetivo es poner todos los medios para que agricultores y ganaderos perciban un precio justo", destacó.

En cuanto al Consejo Europeo que arrancó ayer en Bruselas, en el que España tiene que pelear contra el recorte de ayudas de la PAC (en torno a un 14%) por la salida de Reino Unido de la UE, el ministro se mostró optimista con la negociación. España intentará "sacar lo máximo posible" en un consejo „admitió„que será "difícil" pero en el que está "bien situada".

Desde Galicia, Unións Agrarias denunció ayer que la cadena de distribución Lidl está ofertando yogures de la marca Milbona a 8 céntimos la unidad y advirtió de que, de no retirarla en un plazo de 48 horas, iniciará "una campaña directa de denuncia en las propias superficies comerciales".

El sindicato agrario ya inició los trámites para trasladar este caso a la Agencia de Información y Control Alimentarios y proponer que se abra un expediente sancionador a la cadena alemana de supermercados "por introducir en el mercado gallego productos en clara situación de venta a pérdidas".

"Estamos ante un caso vergonzoso de uso de la leche como producto reclamo que causa aún más indignación al hacer coincidir su lanzamiento con la reclamación por parte de los ganaderos de precios justos para la producción láctea", denuncia el sindicato.

Unións Agrarias ya había advertido de que este tipo de "acciones especulativas" por parte de las grandes superficies "se iban a propagar de manera exponencial ante la falta de cobertura legal que sufre la base productora", que se encuentra en una situación de "indefensión" ante "la falta de elementos reguladores como la figura de un mediador o un régimen de sanciones duro que castigue a los especuladores".

En este sentido, el sindicato ha exigido a la Xunta y al Gobierno que impongan un criterio de "tolerancia cero" contra la venta a pérdidas y pasen a "hacer su trabajo de fiscalización de estas actividades comerciales devastadoras".