25 de febrero de 2020
25.02.2020

Los nuevos contratos agrarios exigirán el pago de los costes de producción

El Gobierno dará hoy luz verde a la reforma de la ley alimentaria tras las movilizaciones del sector agrario por la crisis de precios

24.02.2020 | 19:42
Un tractor, en las protestas de agricultores y ganaderos convocadas ayer en Ciudad Real.

Galicia sigue al minuto las negociaciones en Bruselas sobre el futuro presupuesto comunitario. Se juega nada menos que 600 millones: 400 del Fondo de Cohesión y otros 200 de ayudas agrarias. Los más de 27.000 agricultores y ganaderos gallegos que reciben subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) confían en mantener los fondos europeos, claves para el día a día de unas explotaciones cada vez más ahogadas por la crisis de precios. España está dispuesta a sacrificar parte de los fondos regionales que recibe de la UE a cambio de blindar los subsidios agrícolas.

En la campaña de 2019, fueron un total de 27.066 los productores gallegos que se repartieron 210 millones de la UE „170 millones de pagos directos de la PAC y los 40 restantes vinculados a medidas agroambientales de desarrollo rural„. Las peticiones de la PAC el año pasado en la comunidad mantuvieron una tendencia a la baja, con una caída del 5,4% respecto a 2018 (28.628 demandantes) y de más del 10% en relación a 2017 (30.339). Esta caída es fruto de una mayor profesionalización del campo, ya que en los últimos años las explotaciones han tendido a fusionarse y agruparse, en especial en el sector lácteo, según apuntan desde la Consellería de Medio Rural. "Este sector está viviendo un proceso de concentración de explotaciones que tiene que ver con su profesionalización y el redimensionamiento de las granjas", destaca el departamento que dirige José González. Desde el año 2012, unas 800 explotaciones, según datos facilitados por la Xunta, se integraron en sociedades.

De los más de 27.000 solicitantes de la PAC en Galicia el año pasado, un total de 23.810 eran personas físicas y 3.124 sociedades agrarias o comunidades. La evolución de los últimos años de ambos grupos ha sido dispar; mientras que las peticiones de ayudas a título particular han descendido, las de personas jurídicas han repuntado.

El envejecimiento de la población en Galicia tiene reflejo en el campo. Y, en consecuencia, en las ayudas que se piden a Europa. De ellas, una de cada cuatro es de agricultores o ganaderos ya jubilados: un total de 6.227 (26,3% de los 23.810 particulares). El grueso lo concentran los productores de 41 a 64 años (más de 15.000 solicitantes). Mientras que el grupo de 26 a 40 años representa tan solo un 10% de los demandantes (2.448) y los menores de 25 años son solo un 0,5% (132).

En el caso de las personas jurídicas (sociedades agrarias o civiles y comunidades de bienes), la presencia de jóvenes es más relevante, según apuntan desde Medio Rural, pero las condiciones de personas jurídicas hace imposible hacer una relación por franjas de edad.

Agricultores y ganaderos tienen ahora la mirada puesta en Bruselas, a la espera de que el Consejo Europeo avance el presupuesto del periodo 2021-2017. Unas cuentas que con la salida de Reino Unido de la UE dejan un agujero de 75.000 millones, lo que se traduce en 10.000 millones anuales menos. Para paliar las consecuencias del Brexit, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha propuesto un recorte del 14% en los fondos de PAC, unas ayudas clave para el sector agroganadero. Solo en Galicia son más de 27.000 los agricultores y ganaderos que dependen de las ayudas agrarias, un capítulo que absorbe en torno a un 40% del presupuesto comunitario. El tijeretazo planteado por Bruselas supondría un recorte para España de unos 925 millones anuales en ayudas para el campo. En el caso de Galicia, la pérdida en subvenciones agrarias alcanzaría los 200 millones.

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