Las principales organizaciones agrarias permanecen expectantes ante la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria que prohibirá las ventas a pérdidas. La modificación aprobada este martes por el Gobierno les ha insuflado ganas de poner a prueba las nuevas medidas que dan luz verde a muchas de las reclamaciones del sector. En el caso de Galicia, esa "prueba de estrés", como la calificaron ayer desde Unións Agrarias, tiene plazo, ya que antes del 31 de marzo debe estar cerrada la negociación de miles de contratos lácteos. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en 2015 y en las últimas décadas, el acuerdo ampara a agricultores y ganaderos frente a la industria y la distribución ya que, entre otras cuestiones, tipifica como delito el pago por debajo de los costes de producción y exige que estos sean incluidos en los contratos.

Unións Agrarias llama al encuentro de toda la cadena de valor láctea „productores, industria y distribución„ con los ejecutivos autonómico y central, para actualizar los costes de producción de cara a negociar los contratos lácteos para el próximo año, que deben estar cerrados antes del 31 de marzo. El secretario xeral de UUAA, Roberto García, señaló ayer que el lácteo es "el único sector que, con mayor o menor fortuna, tiene estructurados los costes de producción" y opinó que el decreto surge en un momento oportuno, en que se discute el precio de la leche del próximo año.

A diferencia de las anteriores, esta negociación se afronta con medidas más contundentes al tipificarse de ilegales conductas como el pago por debajo de costes de producción, sancionables con hasta 100.000 euros. La organización confía en que la reunión sectorial permita "aclarar y actualizar" los índices oficiales sobre costes de producción que datan de 2017 para definir precios y establecer el "margen de beneficio legítimo" de los ganaderos. UUAA pone además deberes a la Xunta, a la que requiere que excluya de las convocatorias de ayudas públicas a las empresas que incumplan la ley de cadena alimentaria.

Fuera de Galicia, tras dar la bienvenida a la reforma, las principales organizaciones han decidido mantener las protestas ya convocadas. El paquete de novedades es para Asaja, COAG o UPA "insuficiente" ya que echan en falta avances en materia de fiscalidad de la actividad, concreción de tarifas eléctricas y seguros agrarios, entre otros.

El SLG, se pronunció en términos similares. Su secretaria xeral, Isabel Vilalba, aseguró acoger con "escepticismo" las medidas y prometen "mirar la letra pequeña" del real decreto. Vilalba explicó que quieren "oír' hablar de temas como la entrada de productos foráneos "en los que aquí somos excedentarios", o sobre la PAC, para la que reclaman un tope máximo de 60.000 euros de ayudas. El SLG presentó una campaña „ O rural galego sobre a mesa„ que promueve el contacto con las formaciones políticas de cara a las autonómicas gallegas.