Largo, complejo y de resultado incierto. Así definían al poco de conocer la sentencia del Supremo fuentes próximas al proceso el litigio final del caso Prestige que debía librarse el Reino Unido. No es la primera vez que España da la batalla judicial fuera de sus fronteras en busca de responsables que respondan por la marea negra que tiñó de chapapote más de 3.500 kilómetros de litoral, desde la desembocadura del río Miño hasta la costa francesa.

En 2015, España y Francia perdieron en Londres la batalla por los mil millones de dólares de la aseguradora. Entonces, la Corte de Apelaciones dio la razón a la compañía London P&I Club obligando a ambos países a reclamar el importe de la póliza en un tribunal de arbitraje británico.

Por otra parte, la empresa estadounidense ABS, que certificó que el Prestige era apto para navegar, también fue objeto de demanda por parte del Gobierno español. Tras varios años en los juzgados, en verano de 2012 llegó el fallo definitivo de la Justicia americana con el que dio carpetazo a las indemnizaciones reclamadas por España.