Las tractoradas y protestas del sector agroganadero por toda la geografía gallega en busca de precios dignos para los productos del campo ha obligado al Gobierno central a mover ficha. El Ministerio de Agricultura aprobó hace una semana un decreto ley por el que se prohíben las ventas a pérdidas y da más poder en la negociación de los contratos a los agricultores y ganaderos frente a la industria y la distribución. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez pone deberes a las comunidades autónomas para garantizar el cumplimiento "estricto" de la Ley de la Cadena Alimentaria. En una carta remitida a los responsables del ramo en las comunidades autónomas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, les urge a intensificar los controles para evitar incumplimientos, garantizar que los contratos respetan la normativa „los precios cubren los costes de producción„y que los pagos se realizan en los tiempos establecidos. "Todo ello redundará en seguridad para nuestros agricultores y ganaderos", recoge la misiva.

Una de las principales reivindicaciones del campo era el fin de las ventas a pérdidas, es decir, aquellas que se realizan por debajo del precio del coste de producción de un producto. A nivel nacional, en huerta y fruta se presentan los márgenes más abusivos, con una brecha entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor de más del 500%. En Galicia, los productos más afectados son la patata, con diferencias de más del 600%. Pero el mayor impacto se produce en la leche ya que es la principal actividad del sector en la comunidad: una diferencia de hasta el 150%, con ofertas reclamo que colocan el litro de leche en el mercado a 0,57 euros.

A de pesar de que la venta a pérdidas está limitada y controlada en varias normativas, entre 2014 y 2019, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, recibió un total de 53 denuncias en el conjunto del país por vender, bien a la industria o bien la distribución, por debajo de los costes de producción.

En la misiva enviada a la Consellería de Medio Rural, el ministro destaca la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre las administraciones, ya que las autonomías „apunta„ pueden contribuir "significativamente" a mejorar la situación de agricultores y ganaderos. En respuesta a las demandas del sector, Planas pide a las comunidades que refuercen los controles ante posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria y que establezcan un procedimiento de coordinación que permita tramitar los expedientes sancionadores.

Desde el Ministerio de Agricultura ya se han dado instrucciones a AICA para que coordine con los Gobiernos autonómicos la elaboración de un plan de control en el que se fijen unos controles mínimos en cada territorio. "Con ello conseguiremos un efecto multiplicador de la capacidad inspectora destinada a velar por el cumplimiento de la ley", recoge la carta. El Gobierno también demanda a las comunidades un mayor esfuerzo en las partidas destinadas a los seguros agrarios. Planas se propone incrementar la dotación para las pólizas del campo un 10% después de que en anteriores presupuestos y en algunas autonomías „cuestiona el ministro„ se recortase.

En el caso de Galicia, la Xunta inyectará este año 5 millones en ayudas para la contratación de seguros en el campo. En la actualidad, el 95% de los pequeños agricultores y ganaderos de la comunidad carece de póliza en sus explotaciones. El balance de los últimos cuatro años da cuenta de la profesionalización del sector agrario, con explotaciones cada vez de mayor tamaño. De ahí que, pese a que el número de pólizas cayó un 11%, la extensión asegurada contra posibles inclemencias meteorológicas o accidentes se ha duplicado. Así, de las 7.000 hectáreas protegidas en 2015 se pasó a casi 15.000 hace un año. Y los ganaderos tienen aseguradas 27 millones de cabezas, un 1,5% más que hace cuatro años.

Las líneas agrícolas más aseguradas en el campo gallego son las de uva de vinificación y las de forrajeras. Y en las pólizas del sector ganadero con más pólizas, son las explotaciones de vacuno de reproducción y producción las que más contratos realizan.