Control de precios en zonas tensionadas y prohibición de los desahucios ya no solo hipotecarios sino también por impago del alquiler. Son los cambios inmediatos que se propone acometer el Gobierno y que, según advierte el sector inmobiliario, amenazan con poner patas arriba el mercado del alquiler con una estampida de propietarios que arriendan sus viviendas. Y no solo una fuga masiva del circuito de comercialización tradicional, que en los últimos años cayó estrepitosamente por el boom de los pisos turísticos y por la reciente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que no ofrece garantías jurídicas frente al inquilino, sino también un endurecimiento de los requisitos de arrendamiento. La patronal inmobiliaria gallega advierte del impacto de las reformas en materia de vivienda anunciadas por el Ejecutivo de Sánchez: al menos un 25% de los inmuebles en régimen de alquiler en la comunidad ya no se anunciarán en busca de inquilino y del aproximadamente 20% de arrendadores que en la actualidad reclaman en sus contratos un seguro por impago y aval bancario se pasará al 100%.
A principios de mes, el Gobierno aprobó una moratoria de cuatro años para la suspensión de los desahucios hipotecarios, una medida de la que se beneficiarán unas 29.000 familias en España. Desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), celebran el contenido del real decreto ley para ampliar la protección a colectivos vulnerables que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca y están en riesgo de desahucio. Pero el sector inmobiliario es tajante ante la nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya modificada en 2019, en la que se propone incluir una moratoria para los desahucios por impago de alquiler y el control de los precios de arrendamiento en zonas tensionadas. "Con estas modificaciones, la inseguridad jurídica será total por parte de los propietarios, retrayendo la oferta y creando un marco de inestabilidad en el alquiler insoportable para el propietario", advierte el presidente de Fegein, Benito Iglesias.
El efecto será inmediato: "El primer impacto podría ser de una horquilla entre el 25% y 30% (de viviendas que se descuelguen del mercado del alquiler tradicional)", apunta Iglesias. Pero avisa de que la inseguridad jurídica y el endurecimiento de los contratos al incluir seguros de impago por parte de los propietarios elevarían ese porcentaje a corto-medio plazo. "Si las empresas inmobiliarias y los propietarios deciden apartarse del negocio del alquiler, el precio no bajará ya que se endurecerán la condiciones de arrendamiento exigiendo con el contrato un seguro de impago de rentas", advierte el presidente de la patronal gallega.
En la actualidad la oferta de pisos en alquiler en Galicia está en mínimos históricos. Solo 3.200 viviendas, un 25% menos que hace un año „entonces había 4.300„ y una cuarta parte de las ofertadas hace un lustro „en torno a 12.000„. Este volumen de pisos solo representa el 2% del parque inmobiliario en alquiler en Galicia, casi 146.000 pisos, de los que 142.780 tienen inquilino. La mayoría de estos inmuebles disponibles ya llevan tiempo en el mercado, bien por sus elevados precios o bien porque se adecuan a las características y al estado que demandan los inquilinos.
Desde la patronal inmobiliaria en Galicia advierten de que los cambios en materia de vivienda anunciados por el Gobierno no hacen otra cosa que "poner límites a las empresas" que "de alguna manera son las que pueden impulsar el desarrollo de nuevas viviendas". Además de agravar el ya deficitario mercado del alquiler en Galicia, las reformas antidesahucios y de control de precios llevarán a la totalidad de propietarios a 8exigir aval y seguro de impago en sus contratos de arrendamiento. "Esto tendrá unos efectos negativos para el inquilino, ya que las aseguradoras endurecerán los criterios para conceder esos seguros", cuestiona Benito Iglesias.
Sobre el control de precios del alquiler en zonas tensionadas, el presidente de Fegein se pregunta si el Gobierno también va a intervenir los precios del calzado, del café, las naranjas o los libros. "Es un sinsentido total y absoluto en una previsible legislación populista e intervencionista", concluye Iglesias.
