03 de abril de 2020
03.04.2020
La Opinión de A Coruña

La Xunta exige al Gobierno los 100 millones que le retiró para la pandemia

02.04.2020 | 20:33
Francisco Conde.

La Xunta exige al Ministerio de Trabajo que le transfiera los 100 millones de euros previstos este año dentro de los fondos para formación que le han retirado para que el Gobierno central pueda afrontar prestaciones y ayudas del "escudo social" que quiere poner en marcha para paliar los daños económicos causados por la pandemia de Covid-19. Sin esas partidas, alega la consellería de Economía, Galicia perderá capacidad para recuperar parte del empleo perdido durante esta emergencia.

Trabajo decidió esta semana apropiarse de más de 1.300 millones de euros de los 2.400 que iban a destinarse a las comunidades para financiar sus políticas activas de empleo y formación. De 181 millones, la Xunta solo recibirá 81, si bien el Ejecutivo central se reserva la posibilidad de no ceder en su totalidad los citados 1.300 millones si las necesidades de gasto público así lo requieren.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz alegó, durante la conferencia sectorial de empleo con las autonomías, la necesidad de dinero que tiene la administración central para hacer frente a los daños económicos causados por la pandemia del coronavirus. Aun así, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, exigió ayer una rectificación para que el Gobierno asigne los fondos de políticas activas de empleo vinculadas a la formación, con los que su departamento financia cursos para desempleados o mejoras competenciales entre trabajadores.

La decisión del Ejecutivo estatal "rompe las oportunidades para que Galicia y su tejido productivo puedan salir de la situación actual en las mejores condiciones posibles", alegó Conde, mediante un comunicado.

Ante el aumento de la cifra de parados debido a la crisis, resulta n clave los citados 100 millones. "Galicia no puede renunciar a esos fondos para 2020", zanjó.

También expresó su "profundo rechazo" al "recortes" de estas partidas la Consejería de Empleo de Castilla y León.

Las críticas a la decisión del Ministerio de Trabajo son compartidas, al menos, por Andalucía, Euskadi, Murcia y Cataluña.

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