La labor instructora de la jueza Pilar de Lara al frente de la o peración Pokemon prosigue con su paulatina demolición. A las críticas de distintos ámbitos judiciales, cierres de sus causas sin concluir y a la pérdida de su plaza en Lugo debido a una sanción de pérdida de empleo y sueldo durante siete meses por dilaciones indebidas en sus procesos judiciales, ahora se suma el varapalo que le ha propinado otra jueza de Santiago. En un auto archiva la pieza que la Pokemon que investigaba al exalcalde compostelano del PP Gerardo Conde Roa y su gobierno local y además lanza durísimas críticas contra la instrucción de Pilar de Lara al frente de la causa, por actuar procesalmente "con el criterio contrario a la lógica tramitación" o provocar "total indefensión" a los imputados. La pieza ahora archivada provisionalmente es una ramificación más de la Pokemon, en este caso centrada en la gestión municipal de Santiago y dirigida contra Conde Roa, su asesor Ángel Espadas, dos concejales, tres funcionarios del Concello, un exedil del PSOE y tres empresarios por supuestos amaños en contratos realizados por la Administración local a cambio del pago de sobornos en forma de dinero, viajes y diversos regalos, así como de financiar al PP. Todo ello hace dos mandatos, en una etapa especialmente dura para los populares que vieron como dos alcaldes suyos tuvieron que dimitir -Conde Roa y Ángel Currás-, objeto de varias investigaciones judiciales.
Tras años de instrucción en Lugo por parte de Pilar de Lara, la pieza acabó siendo derivada al Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, al frente del cual se encuentra Ana López Suevos, que fue la que condenó por prevaricación -obligando a su dimisión- a siete ediles del Gobierno del PP, resolución que posteriormente revocó la Audiencia Provincial.
La jueza compostelana asegura en el auto que, tras examinar la documentación, le resulta imposible "determinar con exactitud qué hechos delictivos se atribuyen a cada uno de los sospechosos", así como "conocer la línea de investigación" llevada a cabo en Lugo.
Recuerda, en todo caso, que recibió la causa en mayo de 2018, cuatro años después de que la instructora de Lugo se inhibiese a su favor. Entonces rechazó hacerse cargo del caso, pero en febrero de 2020 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le atribuyó la competencia.
La magistrada de Santiago explica que durante los cuatro años que pasaron desde que se decretó la inhibición de la causa hasta que la recibió, en Lugo se continuaron practicando diligencias. Por ello, considera que el Juzgado de Instrucción número uno de Santiago "se encuentra imposibilitado para conocer cuál es el objeto de la causa, pues tanto los hechos como los delitos pueden haberse descartado o confirmado o incluso añadido otros nuevos, así como el número e identidad de los posibles sospechosos, aunque no habían sido formalmente imputados".
López Suevos insiste en que procesalmente "se actuó con el criterio contrario a la lógica de tramitación", pues sostiene que en lugar de llevar a cabo una breve instrucción e inhibirse al juzgado de Santiago, lo que se hizo fue dictar un auto de inhibición, pero se siguió instruyendo la causa cuatro años más en Lugo. En el auto también remarca con contundencia que a los denunciados se les causó una "total indefensión".
