El reparto de los 16.000 millones de euros del fondo del Gobierno central para afrontar la crisis sanitaria desatada por el coronavirus ha abierto una nueva línea de confrontación entre las comunidades autónomas. Nueve de ellas, entre las que figura Galicia, han expresado su rechazo o, cuando menos, objeciones severas a los criterios que empleará el Ministerio de Hacienda para su distribución.

Los motivos de reproche son variados, según los intereses de cada territorio -población, envejecimiento, coste efectivo de servicio o base principal de la actividad económica- y recuerdan bastante a las desavenencias que surgen cada vez que se pone sobre la mesa la negociación del sistema de financiación autonómica. No hay, por tanto, una división de posturas en función del partido que gobierna en cada comunidad.

Los que manifestaron su rechazo u objeciones a los criterios de reparto con Galicia (PP), Valencia (PSOE), Baleares (PSOE), Canarias (PSOE), Cantabria (Partido Regionalista), Castilla y León (PP), Aragón (PSOE), Andalucía (PP) y Murcia (PP).

Población

La comunidad gallega considera, como crítica principal, que el criterio de población ajustada -aquella que tiene en cuenta la dispersión, al superficie, el envejecimiento y el gasto sanitario por diferentes tramos de edad- no está lo suficientemente valorada y reclama que tenga más peso. Con esta tesis coinciden, al menos en líneas generales, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En contra se ha manifestado Cantabria, comunidad para que el criterio fundamental debe ser el coste efectivo de los servicios y no el de la población, dado que de ser así, teme que Madrid y Cataluña resulten las más beneficiadas.

Canarias y Baleares apuestan por otra línea totalmente alternativa para realizar el reparto de estos fondos. Sostienen que deben tener un trato específico dado que son dos territorios cuya actividad económica está muy ligada a la actividad turística, por lo que a su juicio, la distribución debe tener en cuenta el impacto económico de la crisis sanitaria.

Castilla y León, por su lado, reclama que se incluya como criterio el número de enfermos que han sido atendidos de Atención Primaria. Pero Murcia rechaza que se prioricen criterios asistenciales, dado que eso le perjudicaría por apostar por la prevención y la Atención Primaria para contener y controlar su expansión.

Otras comunidades como Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura o La Rioja respaldan los baremos del Gobierno para proceder al reparto, condiciones que darían ventaja a Madrid y Cataluña. Por su parte, Navarra y País Vasco negociarán su participación en los fondos dentro del sistema de concierto que rige para estos dos territorios.

Los 16.000 millones no reembolsables anunciados por el Ejecutivo se reparten en tres fondos: 10.000 para cubrir el gasto sanitario, 1.000 para servicios sociales y otros 5.000 para compensar el descenso de la recaudación tributaria. Cada uno se rige por criterios de distribución distintos, en los que se tendrá en cuenta los ingresos de pacientes en UCI, las hospitalizaciones, los casos positivos de Covid-19 mediante prueba PCR o la población ajustada.