La Consellería de Medio Rural puso en marcha en 2019 un plan para proteger de las llamas a las aldeas gallegas y, con ello, ayudar a la población -especialmente del rural- a limpiar las franjas secundarias, ese cinturón 50 metros que rodea las viviendas y que, de mantenerse en buenas condiciones, se convierte en principal mecanismo de salvaguarda del fuego. En un año, un total de 259 concellos se han adherido al convenio, lo que representa el 82,7% del conjunto de la comunidad. Precisamente hoy, la Xunta inicia la limpieza de biomasa para prevenir incendios, tras aplazar la campaña de este año por la crisis del coronavirus.

La limpieza de los 50 metros alrededor de las viviendas es obligatoria desde 2007 e impone esas tareas a los dueños de las fincas. Además establece que sean los concellos los que acometan los trabajos de forma subsidiaria y notifiquen el incumplimiento a Medio Rural. Los ayuntamientos han disculpado hasta ahora su inacción debido a la falta de medios técnicos y humanos para desarrollar esa tarea. Y es que no resulta tan sencilla cuando se desconoce en muchísimos casos quiénes son los propietarios de las fincas. El resultado es que el entorno se llena de biomasa que, en las proximidades de las aldeas, supone un grave riesgo en caso de incendio.

Precisamente esa franja es una de las protagonistas del convenio que la Xunta lanzó hace más de un año para salir al rescate de las aldeas "con el fin de ayudar a la población en las labores de limpieza de las franjas secundarias", indican fuentes de Medio Rural. Hasta el momento se han adherido 259 municipios. El plan cuenta con un presupuesto de 36,7 millones, de los que la Xunta aporta 28.

Gracias a esta apuesta se ha permitido dotar a 186 ayuntamientos de un plan de prevención de incendios, otra de sus obligaciones legales para acabar con esta lacra.

Otro de los beneficios de la adhesión tiene que ver con la propuesta de eliminación de la biomasa sobrante a precios competitivos. Estos trabajos se hacen "o bien por vía de contratos con los particulares -que hay que firmar y desarrollar- o por actuación subsidiaria, en caso de incumplimiento", informan desde la Xunta donde defienden que la "vocación" consiste en "gestionar la biomasa", apostando por la "vía voluntaria" de los particulares. "Se hace por un precio fijo, justo y ventajoso para los dueños, sobre todo teniendo en cuenta los precios del mercado". Esa cuantía asciende a 35 euros por 1.000 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 350 euros por hectárea. Si las parcelas se sitúan en "parroquias priorizadas" que no limpien ni firmen contratos de gestión de biomasa, la Xunta, previo apercibimiento, "realizará la limpieza de forma subsidiaria y repercutirá los costes reales (superiores al precio de 350 euros por hectárea)", advierte Medio Rural.

Una de las novedades de la segunda adenda del plan, según Medio Rural, es el desarrollo de una app para móviles para apoyar a los concellos en la identificación de fincas y localización de sus dueños. La tecnología se ha aliado en favor de la lucha antiincendios y el plan pone a disposición también un visor de franjas y el programa Xesbío para la parte administrativa.