El último esfuerzo de la jueza Pilar de Lara -que durante años instruyó en Lugo los principales casos de corrupción política que se vivieron en Galicia- para conservar su plaza y evitar que el castigo se consumase, ha resultado estéril. El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado su recurso de reposición y ha vuelto a denegar la suspensión cautelar de la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial, que ha supuesto ya su cese al frente del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, responsable de causas tan mediáticas como las operaciones Pokemon, Pulpo y Carioca o el caso Garañón.
El 27 de marzo de 2019, la comisión disciplinaria del Consejo General acordó imponerle una sanción de suspensión de funciones por un tiempo de siete meses y un día como autora de una falta muy grave de desatención a su juzgado, lo que le acarreó la pérdida de su plaza en Lugo.
Legalidad
El Supremo, en su resolución del último recurso, considera que el cese se ajusta plenamente a la legalidad, ya que se tuvieron en cuenta los intereses generales y que no hubo falta de motivación ni de proporcionalidad en la decisión sancionadora, por lo que echa por tierra los argumentos de la defensa para evitar el cese de la jueza gallega.
En declaraciones a Efe, el abogado que se ocupa de su defensa en este proceso disciplinario, Agustín Azparren, reconoció que la resolución a ese recurso de reposición ha tardado más de lo habitual, alrededor de tres meses, pero eso no ha supuesto que los magistrados del Supremo entrasen en el "fondo" de la cuestión.
Simplemente, aseguró, analiza las "dos novedades" que justificaron la interposición de ese recurso reposición a la negativa de suspender cautelarmente la sanción a la jueza.
Según su abogado, "se cesó indebidamente" a la jueza Pilar de Lara "antes de resolver ese recurso de reposición", dado que si hubiese sido estimado, "hubiese estado mal cesada desde hace tres meses", lo que hubiese dado lugar a una situación realmente "complicada".
El letrado recuerda que ahora está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva "el fondo de la cuestión", o lo que es lo mismo el recurso planteado por la defensa contra la propia sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial.
