La Xunta tiene una buena opinión del llamado ingreso mínimo vital, una prestación no contributiva destinada a las familias más vulnerables para garantizarle una renta básica para subsistir, pero está en desacuerdo en el modo de gestión diseñado por el Gobierno central. Tal es su disconformidad que el Ejecutivo autonómico se niega a facilitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la información sobre los potenciales receptores de esta ayuda en Galicia -que son las 10.000 personas que cobran la Risga-. Porque desconoce cómo funcionará esta renta y también la cuantía de la misma y porque tiene dudas sobre la legalidad, por posible vulneración de la normativa de protección de datos, de tener que comunicar al Estado la situación económica de las familias más vulnerables. "Hasta tener más garantías sobre el funcionamiento del ingreso mínimo vital no enviaremos los datos al Gobierno", asegura la Consellería de Política Social.
Detalles
Pocos detalles se conocen de esta ayuda, uno de los planes estrella del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Se habló de que las prestaciones podrían ir desde los 462 euros para los hogares unipersonales hasta los 1.015 en el caso de aquellas familias que estén formadas por dos adultos con más de dos menores a cargo. La aportación del Estado se sumaría a las rentas sociales que conceden las comunidades autónomas para alcanzar esos topes.
Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó algunos datos generales. El ingreso mínimo vital será aprobado por el Consejo de Ministros la próxima semana, comenzará a cobrarse en junio y beneficiará a cerca de 850.000 hogares. Añadió que el coste anual de esta nueva prestación, que correrá a cargo de la Seguridad Social, será de 3.000 millones de euros.
Además, indicó que aproximadamente la mitad de los hogares que percibirán este ingreso cuentan con niños a cargo y ha lamentado que en España más de dos millones de niños sufren situaciones de pobreza.
No obstante, a estas alturas se desconoce cómo se gestionará y cuáles serán las ayudas concretas, así como los criterios de asignación, aspectos que no convencen a la Xunta.
El martes de la pasada semana, el Ministerio de Seguridad Social envió un correo electrónico a la Consellería de Política en la que le instaba, en un plazo máximo de 48 horas, a ponerse en contacto mediante una carta con los 10.005 beneficiarios de la Risga en Galicia para pedirles una doble autorización: una para que la Xunta pueda trasladar al Gobierno sus datos personales y económicos y otra para solicitar la tramitación del ingreso mínimo vital.
La Xunta ha enviado las misivas, pero se niega a comunicar la información al ministerio, como así se lo ha expuesto en una carta enviada por la conselleira de Política Social, Fabiola García, al ministro, José Luis Escrivá. "Antes de emprender la tarea que nos solicita son necesarias más certezas", concluye la conselleira en su comunicación.
