La construcción de viviendas protegidas (VPO) siguió el año pasado en mínimos históricos en Galicia. Según los datos de los planes estatales y autonómicos que recoge el Ministerio de Fomento, en 2019 se acabaron solo cuatro unidades, un 99,9% menos de las 3.774 que se construyeron en 2008.

En los últimos nueve años, se terminaron en Galicia menos viviendas de protección que en todo 2007, ejercicio en el que arrancó la crisis. O dicho de otra forma, entre 2011 y 2019 se construyeron, no solo por iniciativa pública, sino también privada, de autopromoción y de cooperativas, 3.023 inmuebles de protección, mientras que solo en 2007 fueron 3.774.

Y el desplome es mayor si se tienen cuenta los últimos seis años. Entre 2014 y 2019 solo se han edificado 207 VPO en la comunidad , una cifra similar a la que se lograba en un solo mes en la época de bonanza. En 2014 y 2015 la construcción fue casi inexistente: 42 el primer año y dos el segundo. Mientras que en 2017, 2018 y 2019 casi ha desaparecido: 12, 8 y 4, respectivamente. La del año pasado fue la segunda peor cifra de la serie histórica que arranca en 1991 y que solo es superada por las dos de 2015. De las cuatro del año pasado, las cuatro fueron en la provincia de Pontevedra.

Hay varios factores, según fuentes del sector, que han influido en este descenso (casi desaparición) de la construcción de vivienda protegida. El primero es que desde 2011 se han eliminado las ayudas que se otorgaban a los promotores para compensar el precio limitado al que pueden venderlas, ya que la mayoría de la vivienda protegida que se ha construido en Galicia ha sido en régimen de venta.

El segundo ha sido el encarecimiento del precio del suelo en los últimos años. El tercero, la falta de presupuesto de las administraciones públicas tras la crisis de 2008: nueve de cada diez viviendas de protección que se construyeron el año pasado en España fueron de promotores privados. Y por último, los promotores, tanto privados como públicos, se enfrentan también al reto de ceñirse a los precios máximos de venta fijados por el Ministerio de Fomento, en un momento en el que los costes de construcción están creciendo a tasas de dos dígitos.

Todas estas causas han provocado que desde la burbuja inmobiliaria los promotores privados no construyan apenas vivienda protegida. Para intentar mejorar el panorama se estableció la reserva de suelo para este tipo de edificaciones, por la que todo proyecto urbanístico debe reservar un 30% del suelo para la construcción de vivienda con algún tipo de protección. A partir de ahí, las comunidades autónomas establecen los requisitos que deben cumplir las viviendas protegidas. Sin embargo, no ha funcionado ni en Galicia ni en el resto de España. En todo el país se terminaron el año pasado 6.615 viviendas de protección, diez veces menos (68.587) que en 2008.

El sector reclama, entre otras medidas, un "marco jurídico estable" que ayude a impulsar la entrada de promotores e inversores privados para construir VPO.