14 de junio de 2020
14.06.2020
La Opinión de A Coruña

La crisis del Covid dispara las ocupaciones con más de 400 viviendas afectadas en Galicia

Apenas se denuncia la mitad de los casos - No solo barrios periféricos son el punto caliente, ahora los okupas se fijan en viviendas del centro de las ciudades y de urbanizaciones

14.06.2020 | 00:42
Protesta de vecinos por la ocupación de un chalé en A Zapateira el mes pasado.

La ocupación ilegal ha dejado de ser un problema de otras comunidades para convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para cada vez más propietarios gallegos. En la actualidad, al menos 400 viviendas están ocupadas en Galicia, según estimaciones de empresarios inmobiliarios de la comunidad, un balance que sumará nuevos casos en los próximos meses por el impacto económico de la crisis del coronavirus. La mayoría son propiedades asaltadas son de procedencia bancaria, si bien menos de la mitad de los casos acaban en denuncia. En todo el año pasado en la comunidad gallega se tramitaron 145 denuncias por ocupaciones.

Los asaltos a viviendas vacías, que en Galicia se superan ya las 330.000, ya no solo afectan a los cascos antiguos o barrios marginales. En la actualidad, las ocupaciones llegan al semicentro y centro de ciudades como A Coruña, Santiago, Vigo o Ourense, las que más casos registran y que están localizados en urbanizaciones de viviendas unifamiliares.

En pleno estado de alarma, a finales de mayo, fue ocupado un chalé de lujo en A Zapateira (A Coruña). En este caso el asalto se resolvió en poco tiempo -apenas dos semanas-, algo que no suele ser habitual ya que los propietarios tardan meses o incluso años en tomar posesión de nuevo de su vivienda. Pero la propiedad de esta mansión en la urbanización coruñesa corresponde a una entidad financiera, que finalmente el domingo pasado logró recuperar el inmueble.

El Covid ha sido un revulsivo en dos líneas para el fenómeno ocupa según apunta el sector. "Por un lado la coyuntura económica ha espoleado las okupaciones, pero además la sensación de impunidad de los okupas ha aumentado y mucho en estos meses y la búsqueda de un empadronamiento para beneficiarse de ayudas económicas ha tenido mucho que ver", cuestiona el empresario inmobilario Benito Iglesias.

"Permitir que los okupas se puedan empadronar es -añade- reconocer de facto la ocupación, creando un precedente en un mercado de la vivienda, ya receloso y desconfiado por toda la inseguridad jurídica reinante". El problemas, según advierte el sector, se ha agravado y hay que afrontarlo, y sobre todo en una comunidad con más de 330.000 viviendas vacías. "El derecho a la vivienda digna no puede menoscabar el de la propiedad privada", censura Iglesias, que rechaza de plano "cualquier medida de naturaleza expropiatoria, de control de precios o relativas a la imposición de sanciones a viviendas vacías".

Uno de los problemas que genera la ocupación de una vivienda es que el barrio o urbanización donde está esa propiedad la convierte en una zona insegura para el resto de vecinos y con numerosos conflictos de convivencia y delincuencia. "Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada sino también el de resto de propiedades de la zona. Por lo que las entidades financieras (la mayoría de las viviendas okupadas son de procedencia bancaria) harían bien en darle una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla y que pierda casi todo su valor en el mercado. Ya que, la totalidad de estas propiedades cuando se recuperan quedan en un estado calamitoso", defiende Iglesias.

En la actualidad existentes tres perfiles de okupas. Por un lado, personas que han perdido su vivienda y no tienen ingreso alguno; por otro, el okupa profesional que busca presionar a la propiedad para obtener un beneficio económico de manera ilegal; y por último está el perfil del antisistema o personas que viven en la marginalidad debido, sobre todo, a problemas de drogadicción o alcoholismo.

El acceso no violento a un inmueble sin contar con la autorización de su propietario, acarrea una simple multa de tres a seis meses. Esto, según advierten empresarios inmobiliarios, crea una sensación de impunidad total al ser la práctica totalidad de los okupas personas insolventes. Por ello desde el sector urgen una normativa que proteja en su totalidad los derechos de la propiedad y los propietarios. "La ocupación de una vivienda debe ser considerada como un delito penado con prisión y la policía debe poder desalojar el inmueble okupado en menos de 24 horas ya que el fenómeno okupa es lo más que más atemoriza preocupa a los arrendadores", denuncia Benito Iglesias.

En España son más de 87.000 las viviendas ocupadas, según datos del Instituto Cerdá pero, según fuentes del sector inmobilario, hasta en otros 100.000 casos los propietarios no denuncian por coacciones.

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