Según la ley, la Policía puede desalojar sin orden judicial una vivienda ocupada, siempre que lo haga dentro de las primeras 48 horas del allanamiento. A partir de esos dos días, se necesita una orden judicial, y entonces, todo entra en un complicado proceso que puede tardar años. De ahí que los okupas traten de probar a la policía que llevan allí más de dos días.

Como empresario inmobiliario, Benito Iglesias lanza una serie de consejos. El propietario, explica, tiene que solicitar el desalojo lo antes posible. Puede tener la suerte de enterarse a tiempo o que un vecino denuncie la okupación inmediatamente (la agilidad de una comunidad de vecinos es fundamental). En ese caso, la Policía se presenta y les desaloja sin orden judicial, si se demuestra que llevan allí menos de 48 horas. Eso, si la policía logra entrar en el inmueble.

Si la vivienda estaba vacía y no tenía carteles de haber sido puesta en alquiler, venta o en rehabilitación, al pasar las 48 horas, el propietario ya no puede pedir el desalojo, sino un desahucio en precario. "Ahí empieza una odisea de meses o años", advierte.

Con la nueva ley de desahucio exprés, el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía. A partir de la presentación de una demanda civil de desahucio, se establece un plazo aproximado de 30 días en el que se suele recuperar la vivienda, aunque esto está condicionado por la carga de trabajo que tenga el juzgado correspondiente. En la mayoría de los casos el propietario suele recuperar la vivienda en un plazo de tres a 12 meses y por lo general con desperfectos que nadie cubre. Aunque la actual ley protege propietarios y administraciones públicas cuyas viviendas sociales sean objeto de ocupaciones, no incluye a entidades financieras, promotoras ni fondos de inversión. En concreto, desde su entrada en vigor, todo okupa que no acredite en un plazo de cinco días un título jurídico de la vivienda (escritura de compra o contrato de alquiler), se enfrenta a un auto judicial irrecurrible, con hora y fecha concreta, que autorice el desahucio. Los okupas suelen presentar títulos falsos y sin valor jurídico ,que supuestamente les habilitan para permanecer en la vivienda.