La mejora de la situación económica permitió durante los últimos años el aumento de los ingresos en los hogares, por lo que ciudadanos que contaban con tener derecho a un abogado de oficio finalmente tuvieron que pagar de su bolsillo los costes del proceso judicial en el que se vieron inmersos. El año pasado, las peticiones de asistencia jurídica gratuita rechazadas en Galicia fueron 7.088.
Durante los últimos diez años, el volumen de asistencias del turno de oficio denegadas se movió entre las más de 4.700 contabilizadas en 2009 y las 7.900 de 2015. De las poco más de 7.000 rechazadas el año pasado -un 3% menos que las cerca de 7.300 del ejercicio anterior-, solo A Coruña y Pontevedra concentraron el 77% de los ciudadanos que se quedaron a las puertas por superar la renta o las propiedades mínimas fijadas para acceder al turno de oficio. Y es que por unidad familiar no se puede superar el doble del salario mínimo interprofesional. Con excepciones, para víctimas de violencia de género, de terrorismo y de tráfico de seres humanos la gratuidad es total sin considerar el límite económico fijado por ley.
Pontevedra está a la cabeza de peticiones al turno de oficio denegadas (3.329), seguida de la provincia de A Coruña (2.169). Lejos de estas cifras, cierran el mapa autonómico los casos desestimados en Lugo, con 868, y Ourense, con 722.
