15 de junio de 2020
15.06.2020
La Opinión de A Coruña

Contas detecta anomalías en más del 80% de las facturas fiscalizadas en los concellos

Audita los expedientes de 2018 de 68 ayuntamientos por casi 54 millones - Los municipios controlados gastaron 37,8 millones en pagos de otros años pese al rechazo del interventor

15.06.2020 | 00:41
Sede del Consello de Contas, en Santiago.

El Consello de Contas ha puesto en el punto de mira casi 1.800 facturas aprobadas por 68 ayuntamientos gallegos en 2018. Se trata de expedientes de ejercicios anteriores pasados adelante pese al reparo de los interventores municipales al apreciar dudas sobre su legalidad o con omisión del trámite de fiscalización previa, según recoge el anteproyecto del Informe de Fiscalización de los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito aprobados por las entidades locales gallegas en 2018. Del control de los pagos realizado en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes (113) y las cuatro diputaciones, el órgano que fiscaliza la gestión económica y financiera del sector público gallego ha puesto objeciones a los gastos en el 60% de los concellos auditados -un total de 68- y en una diputación, por un importe total de casi 54 millones. El grueso de los acuerdos bajo la lupa de Contas es por su aprobación pese al informe negativo del interventor (un total de 1.477, más del 80% de los revisados). Y de los expedientes aprobados "prescindiendo del procedimiento establecido", el órgano de control aprecia anomalías que podrían llevarlas a ser declarados "nulas" en el 85% de las facturas fiscalizadas.

La función del interventor es clave para controlar a los gobiernos locales y, de esta manera, prevenir posibles casos de corrupción. Se trata de funcionarios independientes de habilitación estatal cuya función es fiscalizar tanto los ingresos como los gastos municipales. En el día a día, se encargan de verificar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo municipal. Y para ello, examinan cuanto documento integra un expediente. Pero en la práctica, son muchos los ayuntamientos que hacen caso omiso a los informes dictados por su interventor y sacan adelante contrataciones, subvenciones o gastos de personal sin su visto bueno.

En el informe interno de fiscalización sobre el importe y la naturaleza de los gastos asignados en 2018 al presupuesto a través de la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito (REC) -un procedimiento excepcional de ámbito local por el que se permite la imputación al presupuesto en vigor de expedientes de ejercicios anteriores-, Contas fiscaliza 1.778 facturas: 1.477 por acuerdos contrarios al reparo de interventor (por 37,8 millones de euros), 126 de pagos con omisión del trámite de fiscalización previa (7,4 millones) y 175 por la llamada tercera vía (8,7).

Los resultados de la auditoría, centrados en 79 expedientes REC -los de mayor importe inversor, con un gasto total de 19,6 millones, y en su mayoría con origen en el reparo del interventor (más del 73% de los revisados) -son demoledores: el 85% de las facturas incluidas en esos expedientes se han aprobado "prescindiendo del procedimiento establecido" y que, en consecuencia, podrían ser declarados "nulos". En total son 632 proyectos "indebidamente " sacados adelante de los 736 revisados por Contas: 200 por gastos sin cobertura contractual (10,6 millones de euros), 363 por insuficiencia de crédito (5,56 millones), 60 por omisión del procedimiento legalmente establecido (casi 660.000 euros) y 9 de derivación de comprobación material de la prestación (cerca de 381.000 euros).

Más de la mitad de los pagos irregulares son contratos de servicios (55%), seguidos por los contratos de suministro (casi un 30%). Y la mayorías corresponden a expedientes anteriores a 2018 -casi el 70%-.

El órgano de fiscalización advierte en el documento sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito del año 2018 de que los órganos de intervención local en Galicia "no utilizan adecuadamente la figura del reparo", ya que no se emiten con carácter previo a que se dicte la resolución. La mayoría de las discrepancias -cuestiona- se dictan sobre "hechos consumados". Contas va más allá y también detecta anomalías en el mecanismo que utilizan concellos y diputaciones para resolver el reparo puesto por el servicio de intervención. Aunque debe ser el presidente de la entidad local o el pleno de la corporación, en un total de 767 expedientes la discrepancia fue resuelta por la junta de gobierno local, "órgano incompetente para esta cuestión": 761 en Ferrol, 3 en Guitiriz y los 3 restantes en Castro de Rei.

Detrás del reparo formulado por los interventores, está la omisión de requisitos o trámites esenciales. En total son 1.190 las facturas bajo la lupa de Contas (el 80,6% del total de expedientes) por un importe que roza los 28 millones (casi el 73% del total). La segunda causa del rechazo del órgano de intervención es la "insuficiencia o inadecuación del crédito", un "defecto" -apunta- que se da en 259 expedientes y cuyo gasto total sobrepasa los 9 millones.

Además de los acuerdos aprobados por las entidades locales con informes contrarios de los interventores, Contas también detectó expedientes con omisión de fiscalización previa en los que las "deficiencias puesta de manifiesto por el órgano interventor responden a diversos incumplimientos normativos". El motivo fundamental, detalla el órgano fiscalizador, es la omisión en el expediente de "requisitos o trámites esenciales". En total, fueron las 96 facturas que presentaban estas deficiencias por un importe de 5,2 millones.

La mayoría de las facturas de años anteriores que concellos y diputaciones imputaron al presupuesto de 2018 son para costear contrataciones (el 88,5% en los expedientes con origen en un acuerdo contrario a reparo y un 91,4% en los que presentan omisión de fiscalización).

Planes de contratación

Contas cuestiona el abuso que las entidades locales hacen de los acuerdos de reconocimientos extrajudiciales de crédito. "Deben evitar considerarlo como un procedimiento común de gestión, así como el levantamiento de reparo o la adopción de acuerdos contrarios a los informes desfavorables de los órganos de intervención". Para ello, recomienda la elaboración de un plan anual de contratación en el que se programe la licitación de aquellos gastos que se repiten "reiterada y periódicamente", superando los límites y plazos del contrato menor. "También deberá garantizarse que el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación derivada de la finalización de la vigencia de los contratos se realice con la antelación suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual", sentencia de Contas.

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