La nueva normalidad que se vive en Galicia desde el lunes conlleva todavía restricciones y normas para evitar el contacto social masivo en aras de impedir un rebrote del Covid-19. Se establecen, por ejemplo, aforos máximos en los parques infantiles que volvieron a estar disponibles para los más pequeños o en las instalaciones deportivas municipales. Pero las tareas de desinfección y vigilancia conllevan un sobrecoste que los concellos deben asumir sin haber intervenido en la elaboración de la normativa fijada por la Xunta, que en muchos caso es "inasumible". Por ello, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) afea al Ejecutivo de Feijóo (PP) que derive responsabilidades hacia el ámbito local de forma unilateral.
"La Xunta está confiriéndoles [a los ayuntamientos] unas funciones de forma poco realista, sin tener en cuenta las necesidades económicas y de recursos humanos que la puesta en marcha de dichas medidas requiere y, en muchos casos, sin disponer incluso del tiempo necesario para su implantación", se quejó ayer el órgano municipal, presidido por el alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela.
El Ejecutivo gallego recibe así críticas similares a las que vertió durante el estado de alarma hacia el Gobierno central, salvando las diferencias de ambas situaciones: falta de apoyo para aplicar las normas decididas por una administración superior, abriendo un frente político a poco más de diez días de que comience la campaña electoral para los comicios autonómicos del próximo 12 de julio.
El sábado pasado el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó las "medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad" en Galicia, es decir, las normas para afrontar la situación al abandonar el estado de alarma. La comunidad fue el primer territorio en dejar atrás ese período de restricciones excepcionales.
En lo relativo a los parques infantiles, por ejemplo, la Xunta establece un máximo de un usuario por cada cuatro metros cuadrados y obliga a tomar "las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física", así como de higiene y desinfección, recomendando instalar dispensadores de geles hidroalcohólicos o similares.
La Fegamp, cuya comisión ejecutiva se reunió ayer, expuso su "malestar" ante estas exigencias. En lo relativo a los parques infantiles, lamentan el "sobrecoste económico y el aumento de personal necesario para poder realizar una limpieza y desinfección diaria en todos ellos". A eso se unen los esfuerzos a la hora de reabrir las instalaciones deportivas municipales o los mercados al aire libre con las garantías sanitarias precisas.
La demanda de "mayor coordinación" entre administraciones en la toma de decisiones de este tipo ya fue planteada en anteriores ocasiones por los concellos, cuyo órgano de dirección está presente en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Xunta, constituido para actuar durante la crisis del coronavirus SARS-CoV-2. "La Fegamp considera imprescindible estudiar de forma conjunta los ámbitos restantes para resolver las dificultades que plantea su ejecución y abordar situaciones futuras como la celebración de fiestas de los concellos y otros eventos populares", alerta el órgano de poder local en un comunicado en alusión, por ejemplo, a que el Ejecutivo gallego permitirá las verbenas a partir del 1 de julio.
La comisión ejecutiva de la Fegamp añadió su queja por el "desbordamiento del personal municipal, de una parte, por el aumento natural de las necesidades de su población y que entran dentro de sus competencias, y, de otra, pro prestar atención a la población en lugar de otras administraciones que no incorporaron a la totalidad de sus trabajadores".
