Propietarios y vecinos temen que el Covid desate una ola del fenómeno okupa en la comunidad. Desde el sector inmobiliario denuncian la "impunidad" de las ocupaciones en Galicia. "El asalto violento a un inmueble es solo ser sancionado con una multa de tres a seis meses. Esto crea una sensación de impunidad total al ser la práctica totalidad de los okupas personas insolventes", cuestiona el empresario inmobiliario Benito Iglesias. Tras recordar que Xunta trasladó hace meses al Gobierno central la "necesidad urgente" de garantizar la seguridad jurídica del mercado inmobiliario y viendo "insuficiente" el mecanismo del desahucio exprés ante la aparición de los primeros casos de ocupación en la comunidad. Iglesias advierte de que "se está peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación".
Por ello, desde el sector reclaman que "se legisle de una vez y se proteja en su totalidad los derechos de la propiedad y los propietarios". "La ocupación de una vivienda deber ser considerada como un delito penado con prisión y la policía debe tener potestad para desalojar la vivienda ocupada en menos de 24 horas", defienden empresarios inmobiliarios. "También debe ponerse en carga el suelo destinado a vivienda de protección oficial retenido en manos de las distintas administraciones", urge Iglesias, al tiempo que demanda al sector público un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible y proceda a su desbloqueo. Además plantea la unificación en un marco general las leyes del suelo nacional y autonómicas, reduciendo la fiscalidad sobre la vivienda y creando un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria, así como la seguridad jurídica en materia de urbanismo.
