Pruebas visión, audición, reflejos y una minientrevista con el psicólogo. Apenas un chequeo de diez minutos bastaba hace años para que un psicotécnico tramitase la renovación del carné de conducir. Unos controles tan fugaces y, en algunos casos, poco rigurosos e incluso fraudulentos que llevaron a la Guardia Civil de Tráfico a estrechar la vigilancia en las carreteras gallegas ante el creciente número de conductores de avanzada edad que irrumpían en autopistas y autovías en sentido contrario o que se veían implicados en accidentes graves o mortales. Y desde la Fiscalía de Seguridad Vial se puso bajo la lupa a los centros de reconocimiento para detectar a aquellos que calificaban como "aptos" a conductores que o bien no estaban en condiciones de ponerse al volante o de, hacerlo, deberían estar sujetos a determinadas restricciones (no conducir de noche, viajar siempre con un acompañante, no sobrepasar determinada velocidad o circular a una determinada distancia del domicilio, entre otros). Como consecuencia de este mayor control, cayeron por primera vez los requerimientos a un chequeo del Sergas ante las sospechas de que el conductor interceptado pudiese tener sus capacidades psicofísicas mermadas. A lo largo del año pasado Tráfico abrió en Galicia 421 procedimientos de pérdida de vigencia para comprobar las aptitudes para seguir al volante, un 13% menos que los 491 iniciados el ejercicio anterior, según datos facilitados por la Jefatura Provincial de A Coruña desde donde se coordinan todos los centros de la comunidad.
El control al que un automovilistas es sometido en su centro médico, que tiene acceso al historial del conductor requerido, determinará finalmente si es o no apto y, según el resultado, puede derivar en la apertura de diligencias al psicotécnico que expidió el certificado por posibles irregularidades. A la mayoría de los conductores afectados por este procedimiento le es revocado el carné -bien porque ya ni se presentan al examen del Sergas o bien porque en ese chequeo los médicos resuelven que no están en condiciones de seguir conduciendo-. Al resto, les imponen restricciones a la hora de circular.
Aunque el balance de 2019 todavía es elevado, cuatro veces más que los procedimientos abiertos hace cinco años (103), es la primera vez en que caen los procedimientos de pérdida de vigencia por condiciones psicofísicas.
La mayoría de los conductores en el punto de mira de Tráfico por sus capacidades psicofísicas son mayores de 75 años, pero también hay personas con menos de 50 años que debido a sus condiciones de salud ponen en riesgo su seguridad y la de los demás usuarios.
Por provincias, A Coruña concentra el grueso de los automovilistas a los que Tráfico exigió en 2019 un control del Sergas para evaluar sus capacidades: 156, lo que supone casi el 37% del total en Galicia y un 10% menos que los registrados un año atrás. Ourense, una de las provincias españolas con la población más envejecida, le sigue en la lista: 101 procedimientos abiertos, cerca de un 30% menos que en 2018. En Pontevedra fueron requeridos a chequeo médico extraordinario 90 automovilistas (el 21% de los notificados en la comunidad, pero solo uno menos que el ejercicio anterior). Y, finalmente, Lugo, con 80 casos, un 6% menos que en 2018.
Población envejecida
La pirámide poblacional de Galicia, con una población cada vez más envejecida -casi 100.000 conductores en la comunidad (el 6% del censo total) superan los 74 años-, llevó a Tráfico, en colaboración con Fomento y la Xunta, a poner en marcha el llamado Plan Mayores en 2015, que conllevó un refuerzo de los controles sobre el colectivo de avanzada edad así como la colocación de señalización extra -tanto horizontal como vertical- en las vías de alta capacidad más conflictivas de la comunidad para sí reducir las posibilidades de error a la hora de acceder y no hacerlo en sentido contrario.
En paralelo, el Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Tráfico (GIAT) y la Fiscalía de Seguridad Vial en Galicia estrecharon el cerco sobre los psicotécnicos con el fin de garantizar reconocimientos rigurosos y, en caso de detectar la comisión de cualquier delito, llevar a los tribunales los responsables de los fraudes detectados. Estas pesquisas convirtieron a Galicia en 2011 en la primera comunidad que sentó en el banquillo a los responsables de un centro de reconocimiento de conductores por fraude en la emisión de al menos 200 certificados aptos en un mes sin prueba médica alguna a los conductores. La juez atribuyó entonces a la directora del centro ubicado en Vigo y a una empleada un delito de falsedad documental.
