El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, levantó ayer la voz en la reunión de la ejecutiva federal del PSOE. El regidor, al que secundó en sus reivindicaciones el de Valladolid, Óscar Puente, trasladó a Pedro Sánchez el malestar de los ayuntamientos por la falta de liquidez y la urgencia de que el Gobierno central permita ya de una vez que los municipios puedan disponer de sus ahorros -remanentes de tesorería y superávit- para dedicarlos a la reconstrucción económica de sus localidades tras la pandemia.

En lo que suelen ser unas reuniones tranquilas de la ejecutiva socialista, las intervenciones de los dos alcaldes supusieron un grado de tensión inesperado. De hecho, Pedro Sánchez les respondió que el órgano de dirección del partido no era el foro idóneo para tratar esta reivindicación y que lo adecuado sería que le trasladaran sus demandas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Desde hace meses, los ayuntamientos están aguardando para que se flexibilicen las reglas de gasto sobre el superávit -una promesa que no deja de acumular retrasos-, a lo que más recientemente se ha sumado la posibilidad que utilicen también sus ahorros para paliar las consecuencias del Covid-19.

Caballero indicó en la reunión de la ejecutiva que el PP le estaba presionando en la FEMP para elevar el grado de exigencia al Gobierno central, a lo que el alcalde de Valladolid añadió que la demanda era compartida por todos los ayuntamientos, independientemente del color político.

La reivindicación no es nueva. Los ayuntamientos tienen unos 10.000 millones de euros prácticamente inmovilizados correspondientes a los capítulos de superávit y tesorería, dado que solo pueden disponer, y con limitaciones, del 20% del montante para reinvertir. Pero esta exigencia cobró mayor relevancia debido a la crisis sanitaria.

Tanto que a mediados del pasado mes de mayo la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias mantuvo una reunión con Pedro Sánchez en la que se avanzó en el uso de esos fondos para la "reconstrucción económica y social" del país desde los 8.131 ayuntamientos.

Pero desde entonces el compromiso no ha avanzado. Sigue en la misma fase. De ahí que el presidente de la FEMP haya aprovechado la ejecutiva federal del PSOE para meter un poco de presión para intentar acelerar las reformas legislativas -como un decreto ley- que permitan disponer con mayor libertad de estos fondos.