La crisis del Covid-19 va a provocar que las arcas del Estado tengan que estar lo más llenas posibles para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Y para conseguirlo, los impuestos son la vía más importante para que entre el dinero en ellas. Uno de estos tributos es el que pagan los no residentes, un colectivo que no vive en España, pero que obtiene rentas en el país.
El gravamen se denomina Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), que es la declaración de IRPF para los contribuyentes que no residen en España. En este impuesto no hay problemas de recaudación, al menos en la comunidad gallega. El importe se ha duplicado en ocho años. En 2011 fueron 64,7 millones y en 2019 alcanzaron los 128,3. Fue el décimo ejercicio consecutivo que creció y la cifra más alta de la historia, tras el incremento del 1,4% con respecto a 2018. Eso sí, este aumento ha sido el más bajo desde 2009. Por ejemplo, en 2017 alcanzó el 18% y en 2018, el 11,8%.
Aunque la recaudación de este impuesto sigue en positivo en Galicia, la luz de alarma ha saltado a nivel nacional. El importe del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes en 2019 en España fue de 2.369 millones, un 11,1% por debajo de los ingresos de 2018. Se interrumpió así la última fase de crecimiento de este gravamen. En los cuatro años anteriores el aumento medio había sido superior al 17%. Hacienda explica que en el caso nacional la caída se debió a los altos ingresos que se contabilizaron en 2018 en la declaración anual del impuesto que "alcanzaron un nivel excepcionalmente elevado" (862 millones frente a los 538 de media en 2017 y 2019). Las retenciones y pagos a cuenta también crecieron menos que en 2018 (5,4% frente al 13,4%) por el menor aumento de los dividendos.
Pero ¿quiénes deben abonar este impuesto? El modelo 210 recoge la declaración de las rentas obtenidas y la liquidación del gravamen de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas o jurídicas que obtienen rentas en España sin ser residentes. Es decir, aquellos que no han permanecido más de 183 días en el territorio ni tienen en el mismo la base de sus actividades o intereses económicos.
Detrás del aumento sostenido de los últimos diez años en el caso gallego hay varias razones. El primero es el mayor control que realiza la Agencia Tributaria sobre estas personas. Un año después de que arrancase la crisis, en 2009, Hacienda recaudó 43 millones en la comunidad. En 2019 fueron cuatro veces más.
Ante la necesidad de engordar las escuálidas arcas estatales tras la recesión económica, la Agencia Tributaria incrementó las inspecciones sobre este colectivo y solicitó a las entidades bancarias que le enviasen la información financiera (cuentas corrientes, imposiciones a plazo o créditos concedidos) de los no residentes, pero que recibían rentas en España. Este cruce de información ha provocado que la recaudación no haya parado de aumentar desde entonces.
Durante los primeros años de la crisis, Galicia fue una de las comunidades en las que la presión sobre los no residentes fue mayor. ¿La razón? La Agencia Tributaria comenzó poniendo el foco en las comunidades con más emigrantes, aunque con el paso de los años se ha relajado esta presión por el incremento de las declaraciones que se realizan. Por eso, cada año la partida es superior a la anterior.
Otra de las causas del incremento de la recaudación en la comunidad está relacionada con la salida de gallegos a otros países. Al crecer este colectivo, también se incrementa la aportación de los no residentes a las arcas del estado. Según los últimos datos del padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) a 1 de enero de 2020, hay más de medio millón de gallegos (523.673) que vive fuera de Galicia. Son 140.000 más que en 2009 y 4.000 más que en 2018.
La mayor parte de los 128 millones que Hacienda recaudó en la comunidad en 2019 a los no residentes procedió de emigrantes que, aunque se han marchado de Galicia y se han empadronado en su lugar de residencia en el extranjero, siguen teniendo propiedades y cuentas en la comunidad autónoma. Muchos poseen aún casas en su lugar de origen o tienen dinero en algún banco radicado en España que les reportan beneficios. Estas actividades también explican que Galicia sea la sexta comunidad en la que más se recauda por este concepto.
La presión fiscal de Hacienda sobre los no residentes no es la misma según las comunidades. Lidera la clasificación Madrid (900 millones), seguida de Cataluña (405) -también son la segunda y tercera más pobladas tras Andalucía- y Cantabria (289). Galicia ocupa la sexta posición con 128 millones. En las que menos se recaudan son Extremadura, Navarra y La Rioja donde no se superan los 3 millones. El pasado ejercicio, Galicia fue la octava comunidad con el mayor incremento de la recaudación con respecto al año anterior. Los mayores descensos fueron en Asturias (-4%) y Madrid (-25%).
Por provincias, solo hubo cinco en las que se superó los 100 millones durante el pasado ejercicio, y entre ellas está A Coruña. La primera fue Madrid con 900 millones, seguida de Barcelona (361), Cantabria (289), Vizcaya (140) y A Coruña (110).
La provincia coruñesa aglutina el 86% de la recaudación gallega ya que en las otras tres se recolectaron 17,4 millones (12 en Pontevedra, 3,2 en Ourense y 1,4 en Lugo). En A Coruña fue en la única en la que cayó la recaudación (-0,9%), mientras se incrementó un 21% en la de Pontevedra; un 16% en la de Ourense y un 10% en la de Lugo.
