El futuro de Alcoa y de sus 500 empleados, así como el de la economía de A Mariña de Lugo, ha resucitado el debate sobre la nacionalización de empresas, aunque la participación directa del capital público en firmas de todo tipo es algo habitual. De hecho, la Xunta acumula 111 millones en participaciones empresariales a través de Xesgalicia, que gestiona cinco sociedades y fondos públicos de capital riesgo. En sus cuentas de 2018, las últimas disponibles, quedaba claro el agujero económico. Por un lado, los préstamos de dudoso cobro superaban los 27 millones de euros, tras la quiebra de firmas que había apoyado como Alimentos Lácteos de Outeiro de Rei o Transportes Martínez Souto, proveedor logístico de PSA Citröen. Por otro, sus acciones se habían devaluado en otros 31 millones. Para limitar riesgos económicos en nuevas operaciones, Xesgalicia quiere asesoramiento externo.

La administración autonómica, que es la titular de esa sociedad de capital riesgo, ha licitado un contrato por 115.000 euros para que una empresa privada le aporte durante doce meses los informes ad hoc que le requiera. Su objetivo es "obtener un nivel óptimo de información con anterioridad a las decisiones de inversión, de manera que permita la limitación de riesgos en la actividad inversora dirigida por parte de Xesgalicia", según establece la documentación contractual. El proceso, por cierto, todavía no ha concluido y no existe adjudicatario, aunque sí se han presentado varias ofertas.

El contrato de "apoyo y asistencia técnica en proceso de estudio de inversiones" pretende cubrir la falta de personal especializado dentro de la propia administración.

La empresa que logre la adjudicación solo deberá realizar una due diligence cuando Xesgalicia, que en septiembre, por ejemplo, inyectó 3 millones de euros en la ampliación de capital de Fandicosta, lo estime oportuno.