A falta de una cifra oficial que permita sumar las actuaciones gestionadas directamente por las entidades agrarias y grandes despachos de abogados, Unións Agrarias (UUAA) calcula que hasta el momento ya son más de 5.000 las reclamaciones iniciadas por los ganaderos afectados por la mala praxis de las empresas del denominado cártel lácteo. De ellos, 4.500 han sido iniciadas por UUAA. Los productores afectados por la entrega de leche que se pagó bajo precio (previamente pactado por la industria) entre los años 2000 y 2013-según resolución de Competencia- se han lanzado en masa en los últimos días para interrumpir el plazo de prescripción de las indemnizaciones que, en un principio, vencía el pasado 11 de julio. El estado de alarma no computa, y como informan las organizaciones agrarias, el periodo para solicitar a las industrias las compensaciones se extiende hasta el 30 de septiembre.

Este lunes, tal y como informó el secretario de Unións Agrarias, Roberto García, las oficinas de la entidad se llenaron de gente. "Sabemos que la pandemia interrumpió plazos durante el estado de alarma, que hay que añadirlo al período oficial de reclamación". Y es que el pasado sábado 11 de julio era la fecha límite para solicitar indemnizaciones, al cumplirse de la resolución de la Competencia Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la industria láctea, a la que condenó a pagar una multa de 80,2 millones de euros por pactar los precios durante ese periodo de trece años. Esta sanción está recurrida, pendiente de fallo. UUAA consta como demandada, por haber incentivado la apertura de la investigación en la CNMC.

"La inmensa mayoría de los afectados hicieron la interrupción de plazo previamente por el problema de procesar toda la información", explica el representante de Unións Agrarias. Esta entidad ha tramitado hasta el momento 4.500 reclamaciones de ganaderos gallegos, 300 de Castilla y León; más de 300 de Asturias y 50 de Extremadura. Le constan datos oficiosos de otras mil gestionadas por Agromuralla y por despachos privados de abogados que elevarían por encima de las 5.000 las demandas individuales cursadas por los afectados.

En contra de lo que esperaba al representante de Unións Agrarias, Roberto García, le sorprende que gran cantidad de las actuaciones vienen promovidas por explotaciones que siguen en activo. "No es cierto que sean solo jubilados", afirma. Se calcula que en el año 2000 había 35.000 productores en Galicia que realizaron ventas de leche a industrias y que percibieron alrededor de un 10% menos del precio que les correspondía; el 41% estaban en la provincia coruñesa.