Los ayuntamientos españoles tienen más de 10.000 millones inmovilizados. Solo en Galicia los concellos tienen bloqueados unos 120 millones de superávit del pasado año. A pesar de la crisis provocada por el Covid-19 y de la urgente necesidad de inversión pública para reforzar los servicios esenciales, la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en 2012 por el ministro Cristóbal Montoro y la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011 impiden a las corporaciones locales echar mano de sus ahorros para satisfacer estas necesidades. Y esta ha sido una de las quejas persistentes planteadas tanto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside Abel Caballero, como por el órgano de poder local gallego (Fegamp). Ahora, al fin, el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa una propuesta para que los municipios puedan movilizar 5.000 millones entre este año y el próximo y el resto en el periodo 2022-2032.

Para sortear el corsé legal impuesto por la norma de estabilidad presupuestaria, los ayuntamientos deberán entregar sus ahorros a Hacienda en forma de préstamo y el Estado se lo devolverá en forma de ingresos no financieros para que puedan invertir en cuestiones relativas a la agenda urbana (vivienda, sostenibilidad de las ciudades...), cuidados y cultura.

Esta jugada permite a los municipios disponer del dinero sin incurrir en déficit. Según la actual legislación, los ayuntamientos están obligados a destinar su superávit a amortizar deuda y solo pueden gastar una parte de sus ahorros en inversiones financieramente sostenibles, aquellas que no implican nuevas partidas de gastos en el futuro. A pesar de que la norma fue suavizada ya por el Gobierno de Sánchez, los ayuntamientos apenas pueden hacer uso del 20% del dinero del superávit.

El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, lleva tiempo reclamando que les permitan gastar 5.000 millones del superávit municipal para atender las necesidades más acuciantes derivadas de la pandemia y de la crisis económica que ha provocado. A pesar de que el Gobierno se mostró favorable en un principio a buscar una solución, la tardanza en resolverlo desesperó al presidente de la FEMP que en la última reunión de la ejecutiva federal del PSOE, a finales de junio, trasladó a Pedro Sánchez el malestar de los ayuntamientos por su falta de liquidez y la imposibilidad de gastar el superávit. Finalmente Hacienda ha trasladado a los ayuntamientos una propuesta. "La negociación está encaminada para que ayuntamientos y diputaciones podamos usar una parte de los remanentes. Los gobiernos anteriores no nos dejaban usar ni un céntimo", explicó ayer Caballero.

Desde la Fegamp, su presidente Alberto Varela, explica que, aunque todavía no conocen la propuesta, es una demanda que llevan planteando desde hace tiempo. "Somos partidarios de que nos dejen utilizarlo", reiteró.