Ocho años después del anuncio, un total de 903 empleados públicos participarán en las pruebas del primer proceso -en 40 años de la autonomía- para transformar en funcionariado al personal laboral de la Xunta. La lista de admitidos se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia.

La previsión del Gobierno gallego es celebrar estas pruebas en la primera semana del mes de octubre, y el proceso selectivo que deberán superar será el de concurso-oposición, tal y como se establece en el Estatuto del Empleado Público. En todo caso, se trata de una prueba de características diferentes a las establecidas para un proceso selectivo común, pues no es un proceso de carácter competitivo como sucede en un proceso selectivo de acceso libre. Los profesionales que superen este proceso seguirán ocupando el mismo puesto de trabajo.

Este es el primer proceso de funcionarización que se realiza en la Administración gallega, y está previsto en el Acuerdo de Concertación Social del Empleo Público de Galicia firmado entre la Xunta y los sindicatos CCOO y UGT a principios de 2019. Se trata, en todo caso, de un ejercicio totalmente voluntario con el que la Xunta pretende unificar el régimen jurídico aplicable sus trabajadores y cumplir con el principio general de que los puestos de trabajo en las administraciones públicas deben ser desempeñados por personal funcionario.

Para incentivar el paso de régimen se darán todas las facilidades. El examen será tipo test y la Dirección Xeral de Función Pública publicará previamente una batería de preguntas, entre las que se seleccionarán finalmente las que salgan en el examen. Y además, los opositores podrán además tener a mano durante el examen los textos legales sobre los que les preguntarán.

En 2012, en plena crisis económica las administraciones tuvieron que meter la tijera a los gastos de su plantilla y el Gobierno incluso aprobó un real decreto que abrió la puerta al despido del personal laboral fijo. En Galicia la Xunta también aplicó recortes a sus empleados públicos, pero, como contrapartida, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, prometió convertir en funcionarios a 6.000 laborales, de manera que quedaban así blindados ante posibles despidos.

Pero esa "funcionarización" quedó en el aire hasta el año 2018, en el que la Consellería de Facenda retomó el compromiso.