Las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje, entre ellas Audasa, concesionaria de la AP-9, barajan llevar al Gobierno a los tribunales por tratar de recortar la eventual compensación que les corresponda por el impacto ocasionado por la crisis al cambiar "por sorpresa" y por Real Decreto Ley el sistema para determinar estas compensaciones.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) considera que esta modificación constituye una "vulneración de derechos y principios constitucionales, como son los de seguridad jurídica, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos".
"Se trata de un cambio de las reglas del juego a mitad de partido y de reinventar lo ya inventado para beneficiar a una de las partes", indicó a Europa Press el presidente de la CNC, Juan Francisco Lazcano, quien aseguró que la modificación arroja una "merma importante", en las posibles compensaciones. "Aboca a las empresas injustamente perjudicadas a acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos", aseguró. El Gobierno introdujo en el Real Decreto Ley de medidas de apoyo al sector los transportes aprobado el pasado 7 de julio un artículo que fija las condiciones por las que las autopistas de peaje pueden reclamar compensaciones por la crisis.
En virtud de este artículo, el Gobierno acota los requisitos para que las autopistas puedan reclamar por la situación generada por la pandemia o las medidas articuladas para luchar contra la misma. Así, descarta que se puedan pedir "por daños por fuerza mayor o sobre el restablecimiento del equilibrio económico que, en su caso, pudieran ser aplicables a sus contratos".
De esta forma, las empresas no pueden reclamar en caso de que, a pesar de los desplomes de tráfico de más del 80% registrados por el confinamiento y la crisis, hayan contabilizado un margen de explotación positivo.
Como margen de explotación entiende la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir amortizaciones ni provisiones, y sin considerar ingresos y gastos de inversión o financiación, moratorias o condonaciones pactadas por el concesionario o salarios de los trabajadores incluidos en ERTE.
