La tarta de la obra pública con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se quedó en migajas. Y por esas codiciadas migajas compitieron en los últimos años no solo las pequeñas y medianas empresas. También las grandes compañías, que hasta entonces solo se presentaban a obras por importes que no bajaban del millón de euros, que con la recesión se sumaron a la guerra de ofertas para hacerse con los proyectos sacados a concurso por Xunta, Estado, ayuntamientos y diputaciones. En los años más duros de la crisis, las administraciones llegaron a adjudicar obras más de un 40% por debajo del precio de licitación, una oferta que no llega para cubrir costes. Con la mejora de la situación económica, la pugna por la obra pública ha dejado de ser tan feroz pero todavía se dan rebajas en los precios para a sacar a la calle excavadoras, picos y palas. El año pasado en Galicia las rebajas rozaron el 16%, según el informe anual de adjudicación de obra pública que acaba de publicar la Federación Gallega de la Construcción. Los concellos de la provincia de A Coruña, a la cabeza al aceptar ofertas a la baja por encima del 30%, según datos de la patronal gallega.

Las obras del Estado son las que registraron un mayor porcentaje de rebaja en los concursos por parte de las constructoras gallegas el año pasado, con casi el 22%. Destacan también los recortes en proyectos de las diputaciones (19,45%). En el caso de la Xunta, las ofertas a la baja fueron del 12,92% respecto al precio de licitación y en los concellos, del 15,39%, en ambas administraciones por debajo de la media autonómica (15,97%), pero por encima del 10% al que se debería tender, según apunta patronal. "Pese a que en los últimos cuatro años se han reducido [las rebajas en la adjudicación] sigue siendo un porcentaje elevado", advierte el presidente de la Federación Gallega de la Construcción, el coruñés Diego Vázquez Reino.

En total, los proyectos sacados a concurso el año pasado en Galicia estaban licitados en 916,24 millones, pero finalmente fueron adjudicados por apenas 770 millones. En el caso del Estado de los 184,25 millones en proyectos sacados a concurso en la comunidad, la adjudicación se quedó en 143,97 millones. Por parte de las diputaciones, que partieron de proyectos valorados en más de 61,4 millones, la pugna económica entre las empresas hizo caer la adjudicación hasta los 49,49 millones. Desde los ayuntamientos, después de la Xunta fueron la administración que más fondos inyectó el año pasado a la obra pública, la partida final aprobada se quedó en los 244,64 millones frente a los más de 289 millones por los que fueron sacados a concurso. Y finalmente, la administración autonómica, fue la que más se ajustó a los precios de licitación, al pasar de los 366,85 millones a los 319,46 por los que finalmente fueron adjudicados.

No obstante, el presidente de la patronal de la construcción en Galicia destaca el trabajo conjunto del sector y las administraciones, en concreto de la Xunta , para controlar los precios de las obras. "Se deben respetar para tener buenas empresas y buenos proyectos; la colaboración con las distintas administraciones ha permitido ir revirtiendo la situación con el objetivo de tener un producto de calidad que garantice la sostenibilidad del sector y el futuro de nuestras empresas", destaca Vázquez Reino.

Equidad "calidad-precio"

"El camino no era el del precio, de cuatro años para aquí se tiende a primar la calidad; tiene que imponerse esa tendencia que ha sido fruto de la concienciación después de muchas reuniones que, finalmente, han llevado a la Xunta a tutelar esa equidad calidad-precio", detalla el presidente de la patronal de la construcción.

En el mapa autonómico, la provincia de A Coruña está marcada en rojo por unas rebajas en los proyectos de obra pública del 30%, según advierte Vázquez Reino. En más de un 30% de los concellos de la provincia se adjudican obras que rompen el equilibro calidad-precio. "Los procedimientos que priman la baja, no controlan requisitos de calidad; eso no ocurre en ayuntamientos donde hay un gran volumen de inversión", destaca. No obstante, celebra que esta situación de temeridad y agresividad en los precios se corregirá en la provincia después de años de lucha desde el sector ya que la Diputación de A Coruña ha acordado modificar los pliegos de contratación en un pleno previsto para este mes de julio. "Se pondrá fin al sistema de subasta que utilizaba la Diputación, con criterios, el del precio, más propios del siglo pasado que de la actualidad", celebra Vázquez Reino, que sitúa los ayuntamientos de A Coruña como los que más bajas hacen y los que más tiran de las subastas en la adjudicación de obra pública.