La Fiscalía de Pontevedra también ha decidido recurrir la sentencia que derivó en la histórica condena a Audasa por el cobro de peajes en la AP-9 durante las obras de Rande. Si la concesionaria presentó su apelación a principios de este julio, ayer fue el Ministerio público quien formalizó su recurso. Aunque el fallo del Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra fue una victoria para los fiscales, no estimó íntegramente sus peticiones. Y lo que quieren es que la Audiencia de Pontevedra, que es quien revisará el asunto, dicte un nuevo fallo en el que se den varios pasos más: además de insistir en que los conductores beneficiarios por la restitución de los peajes deben ser todos los que pasaron por la autopista a lo largo de los algo más de tres años que duraron los trabajos -y no solo los que lo hicieron durante las 81 incidencias de tráfico que cita la resolución- solicita que se condene a Audasa a cesar en "dicha práctica abusiva", es decir, en el cobro íntegro de las tarifas cuando, como ocurrió en Rande, se produzcan retenciones de tráfico y el servicio no se pueda prestar en condiciones de fluidez y seguridad. Y concreta que ese ceso no solo debe afectar a la Autopista del Atlántico, sino "a cualquier autopista gestionada por Audasa en España".

Tras ampliarse el plazo para presentar recurso a causa de la crisis sanitaria del Covid-19, primero fue Audasa quien formalizó su apelación, pidiendo anular el fallo por falta de competencia de la jurisdicción Mercantil y, de forma subsidiaria si no se acepta este primer alegato, que la condena se ciña a los dos únicos atascos graves que la concesionaria estima que se produjeron en ese largo período de obras.

La Fiscalía, que fue precisamente quien presentó la demanda colectiva en defensa de los consumidores que dio origen a este pleito, presentó ayer su recurso. Tres son sus principales solicitudes. La primera, que se condene a la concesionaria de la AP-9 a cesar en la práctica abusiva denunciada en todas las autopistas españolas que gestiona. La segunda, que la condena a restituir el importe de los peajes y determinación de beneficiarios se extienda a todos los conductores que circularon por la autopista entre febrero de 2015 y junio de 2018 que duraron los trabajos.

Y en tercer lugar, que también se la obligue judicialmente a indemnizar a todos los usuarios (conductores o pasajeros de los vehículos) que acrediten haber estado en algún atasco "que implicase retenciones superiores a los diez minutos". Quedan excluidos, eso sí, al ser una demanda de consumidores, los profesionales de la conducción y/o titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros en el desempeño de tales ocupaciones profesionales.

En su escrito, el Ministerio público también se opone a los alegatos expuestos por Audasa en su recurso. Tras señalar que el juzgado que enjuició el caso es el competente, y no la vía contenciosa-administrativa que apunta la compañía, la Fiscalía señala que su demanda no se limita "exclusivamente" a la conducta "de una época determinada", los trabajos de Rande. Para la acusación pública, lo ocurrido en esas obras "constituye solamente el ejemplo que permitió descubrir la existencia de la práctica abusiva consistente en cobrar íntegramente el peaje en todo caso, sin moderar o eliminar su importe cuando no se está prestando el servicio en condiciones idóneas de fluidez del tráfico".