Pillar a un incendiario infraganti no suele ser fruto del azar. Detrás de la detención de un reincidente o sospechoso de prender fuego al monte se esconde un plan de vigilancia que incluye desde entrevistas a los vecinos hasta visitas a su propio domicilio e incluso el control de recorridos próximos a su vivienda en época de alto riesgo de incendios. En la actualidad, la unidad adscrita a la Xunta del Cuerpo Nacional de Policía (UPA), la denominada Policía Autonómica, sigue los pasos de 91 incendiarios o sospechosos de haber reducido a cenizas algún bosque de la comunidad. De ellos, 23 están sometidos a un "seguimiento más exhaustivo" en sus desplazamientos habituales, según detallan desde la UPA. En la lista de fichados por las fuerzas y cuerpos de seguridad en Galicia figuran incendiarios que salen de prisión o del psiquiátrico tras cumplir condena, sospechosos de haber desatado las llamas de manera intencionada o aquellos que han sido vistos en varios concellos afectados por incendios forestales.
La vigilancia a la que somete a cada sospechoso no supone privación de derecho alguno, ya que no se hace puerta a puerta y se adapta a cada caso. Puede ir desde recabar información sobre su día a día con terceras personas hasta una visita puntual a su domicilio o el seguimiento por trayectos próximos a sus viviendas en época de alto riesgo de incendios. Este censo, pionero en España, empezó a gestarse tras la ola de incendios de 2006, que redujo a cenizas casi 100.000 hectáreas en la comunidad. Entonces, la Fiscalía encargó un estudio para elaborar el perfil del incendiario en Galicia, un informe que sirvió como punto de partida para la hacer de una base de datos en la que figuran todos los delincuentes detenidos desde entonces. Desde entonces, esta herramienta es utilizada para realizar un seguimiento en la época de máximo riesgo de incendios de aquellas personas que han sido condenadas por prender fuego al monte, pero también de aquellos sospechosos de estar detrás de uno o varios delitos contra el medio ambiente.
"La investigación de los delitos de incendio forestal constituye una de las técnicas más complejas para llegar a su resolución", según advierten desde la Policía Autonómica. Y es que "sus autores utilizan lugares solitarios, frondosos, desprovistos de cualquier control, en ocasiones de noche - momento en el que no pueden actuar los medios aéreos- y en situaciones de condiciones climatológicas adversas para iniciar el incendio". Con el avance de las llamas, se destruyen casi todos los indicios que pudieran quedar.
Las técnicas empleadas en la UPA para el seguimiento de los sospechosos de un delito de incendio forestal se dividen en 3 grupos: preventivas, inmediatas y represivas.
Ya antes de que se cometa un incendio forestal, agentes de la UPA vigilan las zonas conflictivas (aquellas en las que se producen una cantidad anormal de fuegos); también establecen un control de personas susceptibles de provocar un incendio; entrevistas con vecinos, colaboraciones con agentes forestales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, etc. Es la fase preventiva.
Una vez dada la alerta de un incendio, la Policía Autonómica pone en marcha las medidas inmediatas, que consisten en colaborar con el director de extinción con el desalojos de viviendas susceptibles de ser afectadas, cortes de tráfico... En esta fase, los agentes también tratarán de recabar la mayor información posible del hecho "en caliente", bien de vecinos, posibles testigos, etc.
Tras producirse el incendio, se despliegan las medidas represivas. Con el objetivo de esclarecer el origen y las causas, con el fin de tratar de acotar a posibles sospechosos. "En esta fase se obtiene información más depurada de bases de datos, testigos, vecinos, contando con la inestimable colaboración de los agentes forestales, que en muchas ocasiones es imprescindible para llevar a buen fin la investigación", detallas desde la UPA. Se utilizan además otras técnicas complementadas con medios técnicos (cámaras de vigilancia, drones, etc.)
Cuando una zona es pasto habitual de las llamas, sin que se haya podido localizar al autor pero se consigue establecer una motivación de los incendios, se establecen controles posteriores. ¿El objetivo? "Comprobar si se realiza el pastoreo en zona quemada, el ejercicio y las repoblaciones de la caza, las talas o el cambio de uso del suelo, actividades no permitidas por la normativa y, por tanto, motivo de denuncia, para evitar que el autor se beneficie del monte quemado. Con ello se efectúa una prevención de futuros incendios en esa zona"", detallan desde la UPA.
La mayoría de los autores de incendios intencionados que se han detenido o investigado tienen unas características comunes, según destacan desde la Policía Autonómica: Varón, mayor de 35 años, superando los 60 en muchas ocasiones, relacionado con el medio rural, problemáticos en su vecindad e incluso con problemas de alcohol y/o drogas. En cuanto a las motivaciones que suelen llevarles provocar los incendios las principales están relacionadas con piromanías, cambios de uso del suelo, cambios de cultivo, limpieza del monte para caza, ahuyentar animales que causan daños en los cultivos, delimitación de fincas, procesos de concentración parcelaria, expropiaciones para vías de comunicación, repartición de herencias, rencillas entre vecinos y familiares, venganzas, protestas por limitaciones o restricciones en espacios naturales.
En lo que va de año 2020, la Policía Autonómica ha esclarecido 84 incendios y ha imputado como autores a 35 personas. Estas imputaciones son, según destaca la UPA, fruto de las investigaciones policiales en las que se cuenta con la estrecha colaboración de los integrantes de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de los distintos Distritos de la Consellería de Medio Rural. "No es posible cuantificar los incendios evitados con la actividad policial preventiva, sin embargo tenemos la certeza de que esta labor policial contribuye decisivamente a su disminución", concluyen.
