El Tribunal Supremo ha anulado el artículo que regula la obligación de informar a Hacienda sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Airbnb Irlanda. En Galicia, se han dado de alta más de 10.000 pisos turísticos, con una oferta que roza las 60.000 plazas.

En concreto, la sala III de lo contencioso administrativo del Alto tribunal ha dejado sin efecto la norma española, impuesta en el año 2017, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo, admitiendo el recurso presentado por la Asociación española de la Economía Digital (Adigital).

El Supremo aplica así una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2019, que especificaba que una norma de ese tipo "debía haber sido notificada, por lo que su falta de notificación conlleva su invalidez". Para el alto tribunal, "los términos de la sentencia del TJUE son claros, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de transposición de la directiva de información".

El artículo ahora anulado establecía que "las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español" tenían que informar periódicamente a la Agencia Tributaria. Se considera intermediarios a las personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario, ya sea a título oneroso o gratuito, en particular personas plataformas colaborativas.

Los datos que debían ser facilitados a Hacienda eran la identificación del titular de la vivienda; la identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral; las personas o entidades cesionarias; el número de días de disfrute, y el importe percibido por el titular o, en su caso, su carácter gratuito.