La participación de los concellos en el Ingreso Mínimo Vital, en su gestión, va a acarrearles un coste que es preciso "calibrar y reclamar". Así lo consideran los municipios y así argumentó ayer el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que el órgano de poder local haya decidido pedir que la futura norma que regule la prestación contemple un fondo "específico" destinado precisamente a sufragar los gastos que la gestión de esta ayuda ocasione a los ayuntamientos.
La FEMP explica que es una de las propuestas de enmienda que trasladarán las corporaciones locales a los grupos políticos para su defensa en la tramitación del proyecto de ley de la prestación para prevenir el riesgo de pobreza. Pero no la única, como trasladaron tras una junta de gobierno de carácter ordinario y por vía telemática. Los ayuntamientos también se adelantan a la posible burocracia y sugieren reemplazar el certificado de empadronamiento por una verificación telemática del Instituto Nacional de la Seguridad Social como acreditación de que los potenciales beneficiarios de la prestación viven en España. Alegan desde la FEMP que es una acreditación más "sencilla de obtener" y que "no genera saturación en los servicios municipales" encargados de emitir la cédula de empadronamiento.
En la junta ordinaria de la entidad local, también se abordó la aprobación de las conclusiones del grupo de trabajo técnico conjunto con el Ministerio de Hacienda sobre la regla de gasto, que limita al crecimiento del PIB el incremento del gasto municipal. De las 16 conclusiones presentadas, once "cuentan con el acuerdo" del Gobierno central, mientras otras cinco lo tienen aún pendiente. Entre las que sí recibirían luz verde estaría el fijar un criterio para excluir de la regla gastos atípicos y excepcionales; el incluir gastos plurianuales en las inversiones financieramente sostenibles y que en estas inversiones se pueda ampliar su ámbito objetivo en el caso de entidades locales con problemas de despoblación o que se exima de aprobar un plan económico financiero los supuestos de incumplimiento de la regla de gasto por uso de remanente de tesorería. La FEMP detalla en un comunicado que, en cambio, está pendiente de luz verde de Hacienda el que se utilicen como base de cálculo de la regla de gasto los presupuestos iniciales y no los liquidados.
Lo que no se abordó ayer -queda para una junta extraordinaria que, según Caballero, "va a ser muy pronto"- es la propuesta del Ministerio de Hacienda para el uso del superávit y de los remanentes de las entidades locales para destinar parte del superávit en inversiones para paliar la crisis del coronavirus, si bien el presidente de la FEMP informó a los miembros de la junta de gobierno de que existe un nuevo borrador sobre ese acuerdo y que previsiblemente será enviado hoy a los representantes de las entidades locales, según indicó el Grupo Popular de la FEMP en un comunicado.
Pese a que la semana pasada los grupos que conforman la junta del órgano de poder local negaron que la propuesta de Hacienda, acordada con la cúpula de la agrupación municipalista, contase con el apoyo mayoritario de la entidad, la presidenta del PSOE Cristina Narbona ve posible un pacto entre ambas administraciones. Desde el PP insisten en reclamar "profundos cambios" para que el municipalismo acepte. De hecho, ayer el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González, acusaba a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de "expropiar" los ahorros municipales y avanzaba que su formación no permitirá que "se hurten".
