Los incumplimientos en las restricciones de la movilidad durante el estado de alarma, bien en carretera con desplazamientos no autorizados durante el estado de alarma o a pie con trayectos que no eran prioritarios y, en consecuencia, suponían un riesgo en la contención de la pandemia, dejaron un reguero de sanciones en toda España. ¿Las multas? Entre los 601 y los 30.001 euros según la gravedad de la infracción. Finalizado el confinamiento, levantado el pasado 21 de junio, los juzgados de lo contencioso en Galicia esperan un repunte de asuntos ya que habrá infractores que decidan iniciar un proceso contra la administración por la multa interpuesta. Durante la presentación de la memoria judicial de 2019, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, prevé que cuando termine la tramitación de las sanciones por saltarse el estado de alarma aumenten los casos de lo Contencioso. "En el estado de alarma se tramitaron 8.250 denuncias administrativas que, de llegar al final, serían 8.250 asuntos, pero mucha gente va a optar por el pago rápido", detalló.

Sobre la actividad judicial tras el inicio de la llamada nueva normalidad, la entrada de asuntos en julio sigue la tendencia a la baja iniciada el mes pasado. Entonces la caída de procesos que llegaron a los juzgados de la comunidad alcanzó el 32% y este mes el descenso roza el 26%. En total fueron 38.629 los asuntos ingresados este mes frente a los 52.094 del hace un año, tal y como detalló el presidente del TSXG.

La actividad ha descendido, según destacó, en todas las jurisdicciones, incluidos los juzgados de lo Social de todas las ciudades gallegas y también los de Primera Instancia, que son los que, auguró, sufrirán una "mayor presión" en los próximos meses. Lo que sí ha aumentado es el número de escritos de trámite, pasando de 75.700 en julio de 2009 a 89.000 de este año, lo que demuestra que el ritmo de actividad "está siendo superior".

"Podremos afrontarlo y volver a normalizar la situación", dijo Castroverde sobre previsión de aumento de asuntos y celebró el haber recuperado la actividad tras el parón impuesto por el Covid, en tan corto plazo, con datos "normales".

Prueba de que la actividad se ha retomado, destacó el presidente del TSXG, es que en este mes se han notificado "muchas más" resoluciones que ponen fin a procedimientos que en julio de 2019, pasando de 27.820 a 34.098, un 22,5% más.

Todas las audiencias cerraron más asuntos que el año pasado, lo que ha permitido que la situación en las secciones penales esté prácticamente "normalizada".

Sobre los procesos que se alargan durante años en los juzgados, como es la operación Pokemon -que comenzó en septiembre de 2012-, Gómez y Díaz-Castroverde advirtió de que "dañan la imagen de la Justicia". En referencia a la Pokemon, apuntó que, "aun asumiendo la complejidad" del caso, "la idea es que no alcancen los ocho años de duración". Los ocho años que acumula este caso -aseguró- "no son convenientes", tanto para las personas implicadas como para la Justicia. El presidente del TSXG eludió opinar sobre la resolución de la Audiencia de Lugo sobre la separación en piezas de las 32 causas de la operación afirmando que, debido a su cargo, "jamás" debe pronunciarse "positiva o negativamente" en este tipo de decisiones.