El rechazo de Unidas Podemos al plan de Hacienda sobre los ahorros municipales avanzado el jueves provocó la mejora de la propuesta, añadiendo 5.000 millones extra a fondo perdido, cifra exigida desde un principio por el poder local. El voto en la cúpula de la FEMP del regidor de Rivas-Vaciamadrid es determinante para sacar adelante el acuerdo, que satisfaría una reclamación histórica local: usar sus remanentes para invertir.
El socio de Gobierno del PSOE tiene la llave del acuerdo, aunque Hacienda se reserva la opción de aprobar un decreto habilitando la medida sin el consenso municipal, aunque en esta ocasión busca el acuerdo. "Cuando el Gobierno de Rajoy hizo la Ley de Estabilidad Presupuestaria no pactó nada con los ayuntamientos. Simplemente la aprobó. Ahora hay un Gobierno que está dialogando", diferenció ayer Abel Caballero.
PP, Ciudadanos y PDeCAT se alejan de ese consenso. "Si [María Jesús] Montero no se apea de su intención de expropiar el dinero de los ciudadanos, el PP seguirá denunciándolo", dijo el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol.
El también popular Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, incluso amenazó con denunciar el plan ante el Tribunal Constitucional si prospera.
Por su parte, el alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), justificó su oposición al plan porque quedan "totalmente desatendidos los ayuntamientos sin remanentes ni superávit".
La legislación actual ya discrimina entre concellos saneados y en números rojos. Si existe superávit, este debe dedicarse a amortizar deuda y una parte puede reinvertirse si la entidad cumple el plazo de pago a proveedores y cumple la regla de gasto.
Los municipios gastaron solo 1.307 millones de los 2.449 que podían dedicar a ese apartado el año pasado. En el caso de Galicia, sumaron 72,9 millones, un 17% menos que en 2018.
