El Gobierno ha puesto sobre la mesa 5.000 millones de euros extra para los ayuntamientos con el objetivo de desbloquear el acuerdo para que estos puedan gastar sus ahorros esquivando la ley de 2012 que les impide usar sus remanentes porque computarían como déficit. La cuarta oferta del Ministerio de Hacienda a las entidades locales pretende conseguir el acercamiento de Unidas Podemos, socia de gobierno del PSOE, y sacar adelante la propuesta en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El objetivo de esta medida es sortear las restricciones legales -por una norma de 2012 aprobada por el Gobierno del PP de Rajoy- al gasto de los ahorros municipales y permitir a ayuntamientos y diputaciones inyectar fondos en la economía para contrarrestar la crisis causada por el coronavirus, que generó en el segundo trimestre del año una caída de la riqueza solo comparable al período de la Guerra Civil.
La fórmula ideada pasaba por que los ayuntamientos cediesen a Hacienda los 14.000 millones de euros que tienen de remanentes y el ministerio se los devolviese anualmente durante la próxima década, lo que facilitaría la liquidez de la administración central. A partir de esa premisa inicial, el ministerio fue añadiendo contenido al plan para tratar de que la FEMP, que suele actuar por consenso, aceptase el sistema.
De los 25 asientos de su órgano de gobierno, el PSOE copa 12, por lo que le faltaba un voto para sacar adelante el texto. Tras varios aplazamientos, la junta extraordinaria de la FEMP iba a reunirse ayer por la mañana, pero la negativa del regidor de Rivas-Vaciamadrid -de IU-condenaba al fracaso el cónclave.
En ese momento, Hacienda envidó y comunicó al presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, su nueva oferta. Para estudiarla y tener tiempo de negociar, el dirigente y el resto de portavoces del órgano local trasladaron la reunión al lunes.
Hacienda mantiene el sistema anunciado, pero añade una inyección de 5.000 millones a repartir entre los municipios que le cedan sus remanentes. Los pondrá de su bolsillo, con cargo a los presupuestos generales del Estado, que en la actualidad siguen prorrogados.
La ley del PP
Caballero definió como "inconmensurable" ese avance, resaltando que permite sortear una ley "dañina" del PP y responde a una demanda constante de las entidades locales para disponer de sus ahorros. "¿Por qué entregar los remanentes? Porque es la única forma legal posible de que nos los devuelvan sin que incurramos en déficit", alegó antes de recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera considera la inversión de los ahorros como un gasto nuevo, lo que supone cerrar un ejercicio con déficit. "Es una cuestión de legalidad, no es que nosotros le prestemos el dinero porque lo necesite. [El Gobierno] No lo necesita para nada", añadió.
El sistema contempla que Hacienda pague a los concellos que le cedan su remanente su parte proporcional de los 5.000 millones. También le devolvería sus ahorros en pagos anuales durante una década. La cesión de fondos no se produciría hasta dentro de año y medio.
"Adicionalmente, podemos usar el superávit del año 2019, se suprimirá la regla de gasto para 2020, se prorroga el superávit de 2018, se mantienen las entregas a cuenta este año y la liquidación de 2018, que son 600 millones favorables a los ayuntamientos, se mantiene un fondo de transporte para cubrir el déficit del transporte público en las ciudades que lo tengamos, que es de 275 millones extensible hasta 400, nos hacen sujetos de recibir fondos europeos y se garantiza que los ayuntamientos recibiremos fondos europeos", detalló el presidente de la FEMP. Además, Hacienda "se compromete a la reforma de la financiación local al tiempo que la financiación autonómica y a aumentar las competencias locales.
