La Xunta expresó ayer su total rechazo a la recomendación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de que el Gobierno central se replantee todas las inversiones pendientes de los proyectos del tren de alta velocidad que todavía están sin comenzar en España y que exigirían una inversión adicional de 73.000 millones. Entre estas obras que ni siquiera se han empezado a ejecutar y que, a juicio de la Autoridad Fiscal, se deberían revisar, figurarían varias gallegas, como la integración en la ciudad de Ourense del corredor de alta velocidad que enlaza Galicia con Madrid o la variante del AVE por Cerdedo. Para la Xunta, la opinión de la AIReF resulta "desacertada" ya que la comunicación ferroviaria es para la comunidad gallega un objetivo irrenunciable.

La conselleira en funciones de Infraestruturas, Ethel Vázquez, defendió ayer la construcción de todas las líneas de AVE a Galicia "cuanto antes" y advirtió de que planificar estas actuaciones "únicamente con rentabilidad económica significa profundizar en el desequilibrio territorial y alejar a Galicia de Madrid". Vázquez sostuvo que la alta velocidad es la "prioridad número uno" en materia de infraestructuras de la comunidad autónoma. "Es un objetivo de país irrenunciable para Galicia y no nos parece acertado que se cuestione ahora en cualquier ámbito la llegada de la alta velocidad y sus conexiones ferroviarias en nuestra comunidad", declaró.

En este sentido, subrayó que todas las líneas que están en ejecución y programadas "deben ejecutarse cuanto antes". "Los gallegos estamos cansados de tantos retrasos, de tantos engaños y ahora, de aguantar que se puedan demorar incluso más actuaciones de infraestructuras importantes no nos parece de recibo", censuró.

En su informe sobre las infraestructuras de transporte en España, la Autoridad Fiscal advierte de un exceso de inversión en los proyectos de alta velocidad, planteados "sin tener en cuenta" criterios de movilidad y cuyos beneficios sociales "no compensan" el coste de su construcción. Apunta, además, que la rentabilidad socioeconómica oscila entre "nula y mínima" en todos los corredores, muy lejos de los mínimos exigibles por la UE