Las expropiaciones figuran como uno de los procesos más simbólicos del Estado de Derecho: se entiende que el bien común prima sobre la propiedad privada, aunque la administración deba compensar al dueño de esta última. Sin embargo, el acuerdo no siempre es fácil. El año pasado, los conflictos por el rechazo de propietarios al precio ofertado por Xunta y entidades municipales gallegas a cambio de sus bienes crecieron casi un 20%, alcanzando los 1.454, de las que solo cuatro no se referían a una discrepancia sobre el valor económico. Eso significa que, de media, el Xurado de Expropiacións recibió cuatro nuevas reclamaciones al día durante 2019.

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