El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, firmaron ayer el acuerdo que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes. El mecanismo, que consiste en que los ayuntamientos entreguen sus ahorros -unos 14.000 millones- al Gobierno a cambio de que este les transfiera hasta 5.000 millones entre este año y el próximo a fondo perdido como compensación, y los 14.000 millones entre 2022 y 2032, ha provocado una grieta en el seno de la FEMP, donde solo recibió el apoyo del PSOE. El PP ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad. En Galicia el BNG y las mareas municipales también mostraron su rechazo. Abel Caballero, sin embargo, defiende que el acuerdo es "muy bueno" y critica "la pura política partidaria" de PP y Ciudadanos. Además, advierte de que no es obligatorio entregar los ahorros municipales al Ministerio de Hacienda, pero si no lo hacen no podrán gastarlos. "Si no les convence, que no lo elijan, pero se quedarán sin los 5.000 millones de euros", avisa.
El origen del problema es una ley de 2012 impulsada por Cristóbal Montoro durante el Gobierno del PP que restringe el uso del superávit municipal. Solo se permite a los concellos gastar su remanente en amortizar deuda y destinar un pequeño porcentaje a inversiones financieramente sostenibles, de manera que los municipios españoles tienen bloqueados en torno a 14.000 millones que no pueden utilizar.
Pedro Sánchez, acompañado de las ministras de Hacienda y Política Territorial, y Caballero suscribieron ayer el acuerdo. En un tuit, el presidente consideró "clave" dotar a los pueblos y ciudades "de los recursos necesarios para que puedan paliar los efectos del Covid-19 y contribuir a la reconstrucción económica y social". Caballero señaló que "nunca se firmó un acuerdo de esta importancia, de esta envergadura, entre la FEMP y el Gobierno de España".
"Y el PP lo sabe. Sabe que es un acuerdo muy municipalista y está irritado porque quien lo firma es el Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso parece que el Partido Popular no lo soporta", advirtió.
Pero el PP dará la batalla. Su vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, anunció que su partido va a presentar un recurso ante el Constitucional por "invasión de la autonomía local" .
En Galicia varios cargos municipales también se mostraron partidarios de recurrir a la Justicia. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar; el vicepresidente de la Fegamp y alcalde de Cervo, Alfonso Villares; y los regidores de Lalín, Xosé Crespo; y de Porto do Son, Luis Oujo, advierten de que el acuerdo para el uso del superávit, es "lesivo" para los ayuntamientos gallegos y "perjudica" de mayor forma a los núcleos pequeños y rurales mientras se dirige a grandes ciudades.
El BNG también mostró su rechazo al acuerdo que permitirá al Estado "quedarse con alrededor de 1.300 millones de euros en remanentes de ayuntamientos y diputaciones de Galicia", y propuso en su lugar "derogar la ley Montoro". Y más de una decena de mareas municipales de Galicia firmaron un manifiesto en el que exigen blindar y reforzar la autonomía local frente a la "incautación" del ahorro de los consistorios.
