La batalla entre alcaldes y partidos por el acuerdo FEMP-Gobierno para el uso del superávit municipal se recrudeció en las últimas horas por el lío de plazos para la devolución de los ahorros municipales cedidos a Hacienda. El pacto entre el órgano de poder local, que aprobó la entrega de sus remanentes con el único apoyo del PSOE y gracias a la abstención de IU, y el Ejecutivo central fijaba ese plazo en diez años, a partir de 2022, pero apenas 24 horas después la publicación del real decreto en el BOE daba un vuelco al acuerdo al fijar la amortización del préstamo por parte de la "Administración General del Estado en un plazo máximo de 15 años". El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también alcalde de Vigo, Abel Caballero, se desmarcó de la resolución publicada por el Gobierno al defender el calendario fijado en el acuerdo firmado el martes: "Son diez años".

Los remanentes que los ayuntamientos entreguen al Gobierno serán devueltos en el plazo de diez años a partir de 2022. Si la Dirección General del Tesoro quiere hacer ofertas distintas es libre de hacerlo, pero el plazo de devolución no es de 15 años, es de diez", sentenció ayer Caballero remitiéndose a la literalidad del acuerdo. Las entidades locales, según matizó, podrán voluntariamente acogerse a un plazo mayor si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofreciese condiciones más ventajosas. El presidente del órgano de poder local recordó que la cesión de los remanentes es totalmente voluntaria y "la única alternativa para poder gastarlos sin incumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria".

Al recurso de inconstitucionalidad anunciado esta semana por el PP, se suma el que presentará la Generalitat. En una carta remitida a los ayuntamientos, el presidente catalán, Quim Torra, carga contra "la decisión unilateral" el Gobierno de retener los ahorros de los municipios para la liberación de los remanentes y el uso del superávit municipal. Ante esta situación, pide a las administraciones locales "todas las acciones" para evitar que el Ejecutivo de Sánchez use sus remanentes.

Por otra parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, anunció que hoy se celebrará una reunión por videoconferencia a la que se han sumado, al menos, otros siete regidores de diferentes partidos de España con el objetivo de suscribir un manifiesto para modificar el real decreto-ley sobre el uso de los remanentes pactado por FEMP y Gobierno.