La Fiscalía Provincial de Ourense abrió ayer de oficio diligencias para investigar si existe "un posible delito contra el medio ambiente" por arrojar dos vagones de un tren descarrilado en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras hacia el cauce del río Sil.

El Ministerio fiscal inició este procedimiento "una vez que ha tenido conocimiento de los hechos que se produjeron en ese tramo" de la vía del tren, explican fuentes judiciales. El objetivo es "determinar si tiene alcance penal" y si existe un delito contra el medio ambiente. De tal forma, si la Fiscalía de Ourense entiende que ha habido indicios de delito se presentaría una denuncia en el juzgado, mientras que en caso contrario se archivaría.

El tren de mercancías descarriló el pasado 28 de julio cerca del núcleo de Sobradelo y, dentro de las tareas para reabrir la vía, el pasado domingo una máquina empujó dos vagones, de forma que uno llegó al río y el otro quedó volcado en el terraplén.

Ante estos hechos, la Xunta inició ya un expediente sancionador contra Adif en el que propone una multa de 35.000 euros por una "falta grave" en materia de gestión de residuos. Desde el Ejecutivo autonómico se enviaron sendas cartas a los ministros de Transportes y para la Transición Ecológica, José Luis Ábalos, y Teresa Ribera, respectivamente, en las que reclama que se depuren responsabilidades y "una medida cautelar para que procedan lo antes posibles, cuanto tengan los permisos pertinentes y con los proyectos, anteproyecto o memoria descriptiva correspondiente, a retirar los residuos y que sea un gestor el que posteriormente se haga cargo de los mismos".

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil avanzó también que estudia una sanción económica. El domingo la CHMS recibió la comunicación de Adif de que iban a tirar los vagones, y desde el organismo se respondió que la maniobra no estaba autorizada, y que no era autorizable en los términos planteados.

Finalmente, Adif inició el miércoles el operativo para retirar los vagones. Para desarrollar estas tareas "se están tramitando los permisos preceptivos, que incluyen una autorización para usar maquinaria no agrícola ni forestal en zonas próximas a montes, que debe emitir la Dirección Xeral de Defensa do Monte y otra para hacer trabajos en una zona de protección del cauce del río, que debe conceder la Confederación Hidrográfica Miño-Sil", según explicó Adif en un comunicado.