Los técnicos y las piquetas de la Xunta batían año tras año récord de actuaciones contra los desmanes urbanísticos que durante décadas se permitieron en Galicia y dejaron un territorio invadido por miles de construcciones ilegales. Casas a modo de castillo en áreas naturales, chalés en primera línea de costa, galpones convertidos en fines de semana, viviendas sin licencia, caravanas asentadas en suelo rústico o en la costa? Cientos de edificaciones levantadas en terreno no urbanizable o sin licencia son reducidas a escombros cada año en la comunidad por no respetar la Lei do Solo y quedarse al margen de los planes de ordenación municipal. Desde que en 2008 la Xunta puso en marcha la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, las estadísticas de derribos pulverizaban cada año el balance del ejercicio anterior.
Tras una década de demoliciones al alza, el año pasado se invirtió la tendencia y fueron un total de 137 las órdenes de reposición de legalidad ejecutadas, un 35% menos que el ejercicio anterior (210). La presión judicial, las elevadas multas -desde los 1.000 euros de la primera notificación hasta los 10.000 euros a partir del quinto aviso- y la concienciación contra el feísmo urbanístico que se ha creado con el paso de los años han dado como resultado este primer descenso de construcciones ilegales derribadas, el balance más bajo de los últimos cinco años (en 2015 fueron 154).
Una década de actividad de la agencia autonómica, pionera en España en la lucha contra las irregularidades urbanísticas, que ha restaurado la legalidad en más de 1.300 fincas en suelo rústico, zonas de costa o espacios naturales. Un modelo de control que con el paso de los años ha sido copiado por otras comunidades para combatir los desmanes urbanísticos que salpican la geografía de todo el país.
Demoliciones. En 2019, la provincia de Pontevedra concentró el grueso de los derribos ejecutados: un total de 83, el 60% de los llevados a cabo en la comunidad. Alejadas de este volumen están las cifras en el resto de las provincias: 26 en A Coruña, 20 en Lugo y 8 en Ourense. Ahora bien, en el conjunto del balance de actividad de la APLU el volumen en Pontevedra y A Coruña apenas difiere, sumando entre ambas provincias el 80% de las edificaciones echadas abajo.
Proceso. ¿Qué ocurre cuando a un propietario se le abre un expediente de reposición de la legalidad urbanística? La Xunta inicia un trámite para determinar si la obra cumple las normativas autonómicas y municipales para su construcción. Si concluye que se ha cometido una infracción urbanística y no se han solicitado los permisos pertinentes para ejecutar la obra, se le comunica al interesado para que reponga la realidad alterada, desde cambios en la construcción hasta la demolición. De hacer caso omiso a la orden del Ejecutivo autonómico, se le interpondrá la primera multa coercitiva, que de seguir desistiendo el propietario, sumará nuevas sanciones a lo largo del proceso.
Multas. La Xunta impuso el año pasado un total de 433 multas coercitivas por no cumplir las resoluciones dictadas a la hora de reponer la legalidad urbanística exigida. Se trata de la cifra más baja desde 2012 (370) y casi un 20% menos que las 538 del año anterior. Su importe sin embargo es más elevado que en 2018: más de 1,1 millón frente a los casi 968.000 euros de 2018 (un 12% menos). A Coruña y Pontevedra suman más del 71% de las sanciones interpuestas: 192 en el último caso y 117 en el primero. En Lugo, los propietarios recibieron la notificación de 98 multas y en Ourense, 26. Desde que la APLU inició su actividad son ya más de 5.400 sanciones y la recaudación supera los 13 millones.
Concienciación. Son cada vez más los propietarios amenazados por la piqueta que de manera voluntaria acometen el derribo. Si hace unos años apenas eran el 70% en la actualidad ya son el 95%. Uno de los motivos es la concienciación de los dueños, que saben que tarde o temprano el lugar en el que edificaron al margen de la ley acabará convertido en un solar. Pero también está el motivo económico. Y es que si el infractor ejecuta la demolición tiene una bonificación en la multa del 80%, pero si continúa el proceso se enfrentará a sucesivas sanciones, hasta que finalmente la construcción sea tirada, bien por decisión del propietario o por las piquetas de Xunta.
