La crisis de Democracia Ourense, con una mayoría de críticos contra el alcalde de la ciudad Gonzalo Pérez Jácome, ya no es solo una tormenta política de dimensiones impredecibles, también tiene una derivada judicial. Los cinco ediles díscolos registraron un escrito en la Fiscalía de Ourense ayer para que se investiguen las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos del partido, su destino y las donaciones de salario que realizan miembros y afines de la formación. El portavoz de DO y líder de los críticos, Miguel Caride, firmó un comunicado de tono muy duro que pide la dimisión de Jácome, al que acusa de gestión opaca, personalista e incluso dictatorial. Lo consideran un "obstáculo" para el proyecto de ciudad y lo tachan de "incapaz".

En un viernes frenético, horas antes el concejal de Cultura, Mario González, anunció su dimisión, que será efectiva el lunes. Es la tercera salida de DO en poco más de un año de mandato. Jácome mostró su "incredulidad" con esta tormenta política y aseguró que su gestión es legal: "Los rumores de estos días tienen fundamento cero. Soy consciente de la legalidad de todos mis actos". El alcalde expresó su "absoluta tranquilidad sobre cualquier comunicado a la Fiscalía" sobre su persona o gestión. Según su criterio, "cuando algún concejal no confía en su alcalde hasta el punto de instar a Fiscalía, lo normal es que ese concejal presente su dimisión y abandone el Concello". También quiso transmitir "un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Ourense" así como su compromiso "intacto de seguir luchando por la ciudad".

A las 19.00 horas, el portavoz del grupo municipal, Miguel Caride, remitió un comunicado firmado por él pero encabezada como "concejales de DO". En él explicó que acuden a la Fiscalía "ante las dudas sobre la legalidad de las aportaciones económicas que efectúa el personal laboral de carácter eventual del Concello de Ourense adscrito al grupo Democracia Ourensana, que contrata personalmente el alcalde, consistente en la entrega de una parte, en algunos casos muy importante, de su salario, así como sobre el destino de esos fondos y de las demás aportaciones económicas que recibe el grupo con cargo a dinero público".

Dicen los díscolos que "más allá de cualquier otra valoración ética sobre esta cuestión, que nos parece del todo punto inadmisible, como cargos públicos tenemos la obligación, no solo moral, sino también legal de poner en conocimiento estos hechos a fin de que se determine si se vulnera la ley". Este grupo de concejales defiende que "esto no es una cuestión política de lealtades o traiciones, como de forma torticera se pretende hacer ver, esto es una cuestión de respeto a la ley y a la dignidad de las personas".

Los díscolos ven "imprescindible" la dimisión del regidor, también como concejal y destacan que "la relación personal y la sintonía política con el resto de concejales del equipo de gobierno pertenecientes al grupo municipal del Partido Popular es excelente" y por eso les agradecen "expresamente su enorme paciencia, su continuo apoyo, su incansable trabajo y su decidido compromiso con un proyecto político de altura que solo el alcalde, y nadie más que el alcalde, con su errática, personalista y egocéntrica forma de actuar, impide desarrollar", acusan.