Los centros de mayores constituyeron uno de los puntos más críticos de la pandemia, debido a la vulnerabilidad de las personas de más edad, obligando incluso a la Xunta a intervenir varias residencias en el pico del Covid-19, como sucede ahora con la de O Incio. Feijóo ya avanzó durante el estado de alarma la necesidad de modificar los requisitos exigidos a estos negocios privados para garantizar mayores espacios disponibles y, por tanto, distancia de seguridad y fijar la obligación de contar con personal sanitario. Galicia plasmará esas nuevas exigencias por escrito. "Elaboraremos una nueva normativa que regule las condiciones de apertura y actividad de las residencias de mayores", anunció Feijóo.
En esta materia, el presidente de la Xunta en funciones, que tomará posesión el sábado del cargo para los próximos cuatro años, también avanzó el refuerzo de las tareas de inspección en este terreno.
"Nuestro objetivo es perfeccionar los mecanismos de respuesta en las residencias ante esta o cualquier otra emergencia", insistió tras destacar la "menor afectación y mortalidad" en los centros gallegos respecto a otras autonomías. "Aprobaremos un protocolo de relación entre ellas y la red sanitaria pública para mejorar el seguimiento de los pacientes y avanzar en la teleasistencia", relató durante su discurso.
La política social constituirá un pilar clave ante la previsible avalancha de necesidades de quienes pierdan sus empleos durante la "durísima" crisis que se avecina y que ya se empieza a notar. "La lucha contra la pobreza debe ser en esta legislatura forja de consensos y no origen de disensos", abogó el dirigente del PPdeG.
La Xunta reclamó colaboración al Gobierno central y la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que "está llegando a menos del 10% de sus potenciales beneficiarios" debido a un "grave atasco burocrático". El Ejecutivo gallego realizará cambios en la renta de inclusión propia para que una parte de su presupuesto "se reoriente a complementar el IMV".
